Nos hemos encontrado con una situación inesperada y preocupante: no existe inventario del estado de las infraestructuras educativas”. Con esta afirmación, ha iniciado el secretario general técnico del departamento de Educación, Ciencia y Universidades, Manuel Magdaleno, su comparecencia en las Cortes de Aragón para avanzar las líneas fundamentales de actuación de la Gerencia de Infraestructuras educativas a lo largo de la legislatura.

Según ha explicado Magdaleno, en este sentido se hace necesario un ejercicio de planificación, “hablamos de atender las instalaciones de casi 600 centros públicos en todo Aragón”, ha puntualizado el secretario general técnico, “teniendo en cuenta que los recursos son limitados”. Desde esta premisa, se han de tener en cuenta una serie de parámetros que deben responder “al estado estructural de las instalaciones, a la adaptación de los edificios existentes a las necesidades educativas actuales, a la aplicación de en las instalaciones ya construidas actuaciones de mejora energética y de adaptación a temperaturas extremas y a situaciones de escolarización que exijan ampliar los edificios actuales o, por el contrario, destinarlos a otro uso”, ha enumerado Manuel Magdaleno.

Cuestiones que hacen necesarios planes anuales de infraestructuras, en los que ya trabaja el Departamento y que suponen una financiación estimada de más 27.700.000 euros, “frente a los cerca de 19 millones -18.636.000 euros- que aportó el anterior Ejecutivo en 2023”, ha recordado Magdaleno.

Planes anuales que han de seguir unos criterios de priorización para poder llevar a efecto cada una de las intervenciones necesarias. Dichos criterios son los siguientes: culminar las actuaciones de nuevas infraestructuras y ampliación de centros por necesidades de escolarización; prestar atención a necesidades de actualización, rehabilitación y mejora de centros; apuesta por la educación infantil y la educación especial; cambio climático, adaptación y digitalización en centros educativos.

Carlos Arrazola, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), ha abierto el Pleno de la Comisión de Desembalse.

En la reunión se ha puesto en conocimiento de los usuarios de la Cuenca la decisión para la gestión del agua en la campaña 2024, para la cual se han tenido en cuenta las deliberaciones y acuerdos de las 18 Juntas de Explotación que se han celebrado el mes de marzo, y las comisiones de desembalse extraordinarias celebradas recientemente.

Carlos Arrazola ha expuesto que “este año la situación ha mejorado. El año pasado había un 55% de reservas y este año un 74%, que coincide con la media de los últimos cinco años”.

“La situación es mejor, pero todavía se está recuperando la unidad territorial del Segre y tenemos carencias en la margen derecha de la cuenca que preocupan cada vez más”. Recordando que, según los últimos indicadores de sequía y escasez, están en situación precaria las unidades territoriales de los ríos Huerva, Aguas Vivas y Guadalope”.

Arrazola también ha recordado que en la sequía que vivió la cuenca en el año hidrológico 2022-2023 se vivieron situaciones muy complicadas e insólitas, como la escasez acontecida en la parte del Bajo Ebro.

A punto de concluirse en Informe Post Sequía 2023 que se presentará en la Comisión Permanente de la Sequía próximamente, el presidente ha adelantado alguna conclusión: como la responsabilidad que han tenido en la gestión los usuarios y la necesaria colaboración con el organismo de cuenca para que la situación se resolviera satisfactoriamente.

Así como que “ha salido reforzado el concepto de unidad de cuenca. Desde los servicios de Explotación se hizo un esfuerzo importante para mantener los caudales ecológicos y las garantías de seguridad adecuadas hasta la medida en que fue posible, y la situación en este aspecto se resolvió bastante bien aprovechando las reservas de las sub cuencas en mejor situación”.