Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han puesto en común esta tarde, en una reunión por videoconferencia, un informe elaborado por una consultora en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para Teruel, Cuenca y Soria, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.
En la cita han estado presentes la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez-Guijarro, y el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
El estudio facilita al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. Se culminaría así el trabajo que los tres gobiernos autonómicos llevan haciendo desde hace meses para que sean realidad estas bonificaciones.
La consejera de Presidencia ha destacado la importancia que pueden tener estas ayudas para el tejido productivo turolense. “Las bonificaciones alcanzan a todas las empresas y autónomos que desarrollen su labor en la provincia, sin límite de trabajadores y mientras la normativa europea se mantenga”, ha señalado Mayte Pérez.
La titular de Presidencia ha recordado que el Gobierno de Aragón “lleva trabajando en esta cuestión desde febrero de 2019”, presentó las alegaciones a la Comisión Europea junto a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León y ahora presenta “un informe riguroso” destinado a que el Gobierno de España “defina cómo va a hacer viables las bonificaciones”. Ahora lo debería solicitar a la Comisión Europea, para que Bruselas compruebe que garantiza la igualdad de condiciones de competencia.
Un tipo inferior en las cotizaciones a la Seguridad Social
Junto a esto, Mayte Pérez ha agradecido al Ejecutivo de Pedro Sánchez su “disposición clara a la hora de que estas ayudas estén más cerca de hacerse realidad” mediante la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado. La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
El documento remitido al Gobierno de España pone de manifiesto que este régimen propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción. De esta forma, se crearía o se mantendría empleo en estos territorios, frenando así su creciente despoblación.
Reducción de gastos corrientes
De este modo, según el informe elaborado por la consultora Garrigues, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6%, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20% de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30%, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20% de los costes laborales del trabajador por cuenta propia. Las ayudas estarán vigentes mientras sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.
