El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha pedido al Ejecutivo de Javier Lambán a que inste al Gobierno de Sánchez a que cualquier modificación en la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas de Régimen Común se realice con respeto a los principios de lealtad institucional y de corresponsabilidad fiscal, sin imposiciones centralizadoras, en el marco jurídico del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con previo diálogo entre las administraciones afectadas.
El portavoz de Ciudadanos en Hacienda, José Luis Saz, ha presentado una Proposición no de Ley para su debate en la próxima sesión plenaria ante las reiteradas manifestaciones del Gobierno de España de estudiar la implementación de una armonización fiscal en las Comunidades Autónomas del Régimen Común de financiación autonómica. Ante esto, Saz ha recordado que las Comunidades Autónomas tiene una doble implementación: las CCAA del régimen Común y las dos CCAA de Régimen especial -País Vasco y Navarra-. Por lo que, las 15 Comunidades Autónomas de Régimen Común tienen una infradotación de su capacidad financiera en comparación con las dos Comunidades Autónomas excluidas del referido régimen común.
“Una modificación sustancial de las competencias de las CCAA, como sería la armonización fiscal de los tributos cedidos, no puede desarrollarse al margen ni con desprecio jurídico del marco competencial señalado, por lo que cualquier modificación en tal sentido debe realizarse no solo con el respeto al marco jurídico sino con respeto al debido dialogo entre administraciones y sin imposiciones centralizadoras”, ha sostenido.
Por ello, el parlamentario ha señalado que “una armonización tributaria que modificase las competencias políticas de las CCAA no puede abordarse al margen del diálogo político y sin acudir a los canales establecidos para ello, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni prescindiendo de una previa deliberación con cada una de las CCAA afectadas a las que se les debe respetar su autonomía tributaria en un contexto de máximo respeto al principio de lealtad institucional”.
Según Saz, “un sistema de descentralización fiscal como es el propio de los sistemas políticos que optan por una organización autonómica, no muy diferente de un sistema federal, está en contradicción con una actuación centralista y centralizadora de las capacidades normativas de las CCAA”, ha concluido.
