El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha instado al Gobierno aragonés a que, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, se elabore una estrategia para abordar la detección y el apoyo integral a mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. Así lo ha solicitado la formación liberal en una proposición no de ley registrada para su tramitación en la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario.

Según la propuesta, la estrategia tendrá como principales objetivos promover servicios, recursos y medidas que permitan a las mujeres mayores salir de relaciones de pareja en las que sufren malos tratos; informar sobre los recursos de atención a violencia de género y ofrecer formación sobre malos tratos y violencia de genero a mayores para profesionales que trabajan con personas mayores de forma especial en el ámbito social y socio sanitario; formar en perspectiva de género y envejecimiento a los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos judiciales de violencia de género.

Asimismo, se desea mejorar el trabajo interinstitucional, creando un protocolo de intervención conjunta para aquellas áreas de atención a personas mayores y los servicios especializados en violencia de género; mejorar el acceso a los espacios y servicios especializados, incluyendo recursos especializados a domicilio; reforzar las alternativas habitacionales, orientadas a todas las situaciones en las que se puedan encontrar las mujeres mayores, teniendo en cuenta también su estado de salud; así como promover campañas de prevención y detección de la violencia de género que tengan como protagonistas a mujeres mayores.

La diputada de Cs, Beatriz García, ha advertido de que la violencia machista que sufren las mujeres comprendidas en la franja de edad de más de 65 años “es de las más invisibilizadas: son las que menos buscan ayuda, las que menos denuncian y las que menos órdenes de alejamiento piden y también las que sufren menos asesinatos”. Sin embargo, los datos de 2021 muestran un aumento de estos: de las 42 mujeres asesinadas, diez de ellas eran mayores de 65 años, lo que representa un 23,8 por ciento del total. “La violencia extrema que acaba en asesinatos es sólo la punta de un iceberg que oculta la violencia que soportan las mujeres mayores durante décadas y que permanece oculta”, ha aseverado.

Además, ha observado que uno de los principales problemas es que las mujeres mayores en muchas ocasiones no detectan como violencia lo que viven en su día a día, por lo que los estudios y las estadísticas sobre las mujeres que la sufren son “sesgados y poco fiables cuantitativamente”. Para responder si eres víctima de violencia de género, primero tienes que autoidentificarte como maltratada, pero las mujeres mayores se autoidentifican mucho menos que el resto en esa situación, ha recalcado, al indicar que muchas de ellas no identifican el maltrato ni los insultos, ni las vejaciones, ni el maltrato verbal ni el sometimiento impuesto como formas claras de violencia sobre ellas.

“Las administraciones están poco preparadas para atender las necesidades de las mujeres mayores víctimas de violencia de género”, ha continuado la parlamentaria liberal. Ha apuntado que se trata de un grupo que suele tener grandes necesidades económicas porque aunque algunas han trabajado toda la vida, nunca han tenido contratos, o lo han hecho en negocios familiares o apoyando a los maridos. “Otro factor importante a tener en cuenta es que las cifras nos dicen que las mujeres mayores no suelen romper con la relación de violencia o les cuesta mucho más tomar esa decisión” y la situación se agrava en zonas rurales, donde “sufren mayor desprotección y tienen menos posibilidades para contar con recursos de apoyo (vivienda, protección, movilidad)”.

Por ello “es tan importante entender las necesidades de estas mujeres, porque se precisan políticas públicas que tengan en cuenta todo este abanico de medidas que se deben implementar”. Desde la necesidad de acercar los servicios a las mujeres y no al revés; trabajar psicológicamente con varios miembros de la familia; tener disponibles pisos adaptados por si necesitan salir de su casa; o tener prevista la necesidad de una pensión, puesto que la mayoría no tienen recursos económicos ni forma de conseguirlos; formar a los profesionales que intervienen en todo tipo de atención a estas mujeres; facilitar el acceso a los recursos valorando las circunstancias que suponen un impedimento; “en definitiva dotar de conocimiento y de una ruta de apoyo a estas mujeres”, ha concluido la diputada.

Esta séptima ola de la pandemia está siendo la más contagiosa de las sufridas hasta el momento y el Gobierno de Aragón conoce la incidencia a siete y catorce días de los contagios, por lo que es incomprensible que una vez más, se actúe con lentitud y falta de eficacia para gestionar las consecuencias del masivo número de contagios, en este caso también en lo se refiere a la incidencia en las aulas de los colegios aragoneses. Así lo ha denunciado hoy la portavoz de Educación del PP en las Cortes, Pilar Cortés, que ha lamentado “que otra vez se haya impuesto la improvisación y por parte del consejero se haya esperado a que los problemas los solucionasen las familias, los centros y la comunidad educativa”.

Esa improvisación y falta de respuesta de la Consejería está teniendo dos consecuencias graves, por un lado “se ha consentido que el alumnado pierda horas lectivas por no tener profesorado y por otro hay una sobrecarga de trabajo para los profesores que están supliendo las bajas de sus compañeros y los equipos directivos se siente impotentes ante la escasez de recursos personales”, ha recalcado la diputada popular. También ha criticado la forma de actuar con las monitoras de comedor, a las que llega a enviarse a casa sin cobrar.

Cortes recuerda que después de 6 olas, el Gobierno de Aragón tenía la información necesaria para “anticiparse en la toma de decisiones”, pero una vez más “llegaron tarde” y no fue hasta el 4 de enero cuando se anunciaron las medidas extraordinarias para el reinicio de curso tras las vacaciones navideñas.

La portavoz popular de Educación señala que los llamamientos para cubrir las bajas de los profesores “se iniciaron tarde, todos los días quedan plazas sin cubrir. Se prescindió de casi 300 profesores que habían trabajado de refuerzo el curso pasado y que hubieran tenido un papel inapreciable en estos momentos”. Todo esto “no tiene ningún sentido, debería haber contratos de más larga duración para evitar el baile de profesores, con mayor capacidad de gestión y anticipación los problemas hubieran sido mucho menores”, señala Cortes. Por ello, los populares han solicitado la comparecencia del consejero de Educación para que dé cuenta de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en esta séptima ola.

Cortes ha puesto en valor, una vez más, el gran trabajo que viene desarrollando la comunidad educativa, que es lo que está haciendo que la situación se vaya solventando, “ola tras ola están demostrando entrega y responsabilidad”, señala la diputada popular, quien considera que “lo que no puede ocurrir es que el consejero espere a que los problemas los soluciones ellos”.

NUEVO VARAPALO DEL TSJA AL DEPARTAMENTO

A toda esta situación se suma el nuevo varapalo del TSJA al Departamento de Educación, suspendiendo la Instrucción de las cuarentenas educativas, desautorizando el protocolo que regula las cuarentenas en los colegios. “Lo hacen porque según palabras textuales del TSJA, se excede con creces los límites de una instrucción, imponiendo a terceros determinadas pautas y actuaciones obligatorias y estableciendo ciertas exenciones por razón de vacunación. Estas medidas han de imponerse única y exclusivamente por las autoridades de salud pública con competencia y por criterios médicos”, explica Cortes.

En este sentido, la portavoz popular de Educación ha rechazado que el Gobierno de Lambán “siga sin querer entender que los derechos fundamentales exigen reserva normativa para su regulación, que esa es la única garantía que tenemos los ciudadanos para evitar abusos en nuestro derechos”.

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza realizaron un total de 2.735 intervenciones a lo largo del año pasado. Estas actuaciones suponen un ligero aumento con respecto a 2020, teniendo en cuenta además que desde verano son los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza los que se encargan de atender las actuaciones que surgen en los municipios de la Comarca Central de Zaragoza y en La Muela. Del total de intervenciones, más de un millar fueron por incendios de diferentes tipos.

Dentro del apartado de incendios, como suele ser lo común cada año, los agrícolas volvieron a ser los más frecuentes con 724 intervenciones. Además, los bomberos de la Diputación de Zaragoza sofocaron 145 incendios en viviendas; 105 fuegos urbanos (árboles, contenedores, solares… ) ; 101 en camiones, turismos y otros vehículos; 44 fuegos en industrias y almacenes; y 25 forestales.

Tras los incendios, las intervenciones por riesgos en el medio natural y los achiques de agua fueron las más frecuentes, registrando un total de 514 actuaciones. De los trabajos realizados por este asunto, destacan principalmente los derivados de Filomena. El fuerte temporal de nieve con el que comenzó el año provocó que tuviese que activarse un dispositivo especial de los bomberos de la DPZ bajo el que se procedió a la limpieza de las carreteras de un centenar de poblaciones de la provincia. Además, la crecida extraordinaria del Ebro de finales de año originó diversos problemas que también requirieron intervención como el salvamento de animales en granjas.

Los accidentes de tráfico fueron el tercer tipo de intervención que registró más actuaciones a lo largo del año pasado (230), seguidos de la asistencia a municipios (200). Entre estas últimas se incluyen la retirada de nidos y otros elementos, cortes de árboles y ramas, etc. En cuanto al resto de servicios que atienden los profesionales del SPEI, los más repetidos el año pasado fueron las intervenciones realizadas por salvamento en caso urbano (179), entre los que se encuentran la ayuda a personas atrapadas en ascensores o en su propia casa tras una caída o las inundaciones de viviendas; actuaciones de limpieza efectuadas en la red de carreteras de la Diputación de Zaragoza (172); suministro de agua urgente (130); retenes de prevención (52); intervención con materias peligrosas (30); rescate vertical (17), técnica utilizada en el rescate de personas que han caído en lugares de difícil acceso y de perros o gatos que se encuentran en árboles de los que no pueden bajar; rescate acuático (12); actividades divulgativas (10);  actividades de formación interna (15); búsqueda de personas (6).

Proyecto Safed

En buena parte de todas estas actuaciones intervinieron los distintos grupos especializados con los que cuentan los bomberos de la DPZ: el grupo de guías caninos, el grupo de rescate acuático en superficie, el grupo de rescate vertical y el grupo de drones. Además, a lo largo del año pasado, los profesionales del SPEI, junto con bomberos de Grecia y de Chipre, participaron en distintas actividades formativas dentro del proyecto europeo Safed, una iniciativa incluida en el programa Erasmus+ de la Comisión Europea que tiene como objetivo mejorar la formación y el entrenamiento de los bomberos apostando por la utilización de las nuevas tecnologías.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza recibieron también formación en otros ámbitos como la localización de personas desaparecidas a través de imágenes de alta resolución capturadas por drones. Se trata de un sistema de trabajo virtual pionero creado en 2017 por el Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la DPZ y que pretende detectar e identificar cualquier indicio que permita la localización del desaparecido. Ya se ha desarrollado en tres búsquedas reales en Zaidín, Caspe y Calatorao.

Nuevas incorporaciones y nueva oposición

El Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza incorporó en abril 23 nuevos bomberos que consiguieron aprobar la última oposición. A ellos se unirán más efectivos ya que la Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva oposición de bomberos, la tercera en cuatro años, para cubrir las 15 plazas vacantes existentes actualmente en el cuerpo.

En verano se produjo también un cambio en la organización del servicio. Tras el nuevo convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, se estableció que sea el Consistorio de la capital el que preste el servicio de bomberos en los 20 municipios de la Comarca Central (Alfajarín, Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Jaulín, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Zuera) y también en La Muela, localidad que pertenece a la Comarca de Valdejalón pero linda con la capital. En total son 21 municipios en los que residen unas 80.000 personas y que ya no tienen que ser atendidos por los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que de esta forma pueden centrar sus recursos en el resto de la provincia.