El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha reunido este miércoles, 2 de junio de 2021, con representantes de las fuerzas políticas y organizaciones agrarias que en mayo 2018 rubricaron el acuerdo que recoge la «Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC» y que, hace unas semanas actualizaron, suscribieron y se le hizo llegar al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Concretamente, en el encuentro, que ha tenido lugar en la Sala Hermanos Bayeu, en el Edificio Pignatelli (Zaragoza), han participado representantes de PSOE, CHA, Podemos, Ciudadanos, IU, UAGA-COAG y UPA.
Olona ha querido reunir a todos los firmantes del acuerdo para trasladarles la situación en la que se encuentra el nuevo Plan Estratégico para la PAC 2023-2027, ya que se presuponía conocer la postura final el próximo 11 de junio en un Consejo Consultivo anunciado por el Ministerio de Agricultura, pero que, tras las fallidas negociaciones en Bruselas a la hora de llegar a un acuerdo, todo apunta a que el calendario se retrasará. Un retraso que, según ha apuntado el consejero, si beneficia a los presupuestos y las condiciones que están pendiendo, “será bienvenido”.
El consejero ha querido renovar su compromiso para seguir insistiendo en el cumplimiento de este acuerdo, y que parte de dos ideas fundamentales. “La primera, y que es irrenunciable para Aragón, es la supresión de los derechos históricos. Y, la segunda es que se tiene que producir una redistribución de la ayuda en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar”, ha vuelto a insistir una vez más el consejero. “Esto no puede ser una mera retórica, una mera declaración. Si no se quitan los derechos históricos, simple y llanamente, esto no se podrá hacer”, ha añadido.
Asimismo, el consejero ha dicho que esto puede parecer incluso, “poco pretencioso”, y ha criticado la situación que se está produciendo en el seno de España a través de la oposición por parte de algunas Comunidades Autónomas para que esto suceda, presionado para mantener el statu quo y dejar las cosas como están. Algo que, según ha afirmado, desde Aragón no se está dispuesto a aceptar porque perjudica a los agricultores profesionales y a los jóvenes, que son el futuro del campo.
En este sentido, también ha mostrado su preocupación, porque, según ha apuntado, en todas las Comunidades Autónomas hay colectivos políticos y sociales que, o bien no se han pronunciado, o no apoyan la supresión de los derechos históricos. “En esta línea, el ministro no está contando con el apoyo necesario por parte del propio sector, y esto es un gravísimo problema. A mí me cuesta entender cómo determinadas organizaciones y colectivos que representan a los agricultores profesionales no terminen de apoyar esta idea de la supresión de los derechos históricos”, ha criticado.
Durante su intervención, Olona también ha hecho hincapié en su disposición de llegar al acuerdo nacional al que será imprescindible llegar, pero sin renunciar a las dos cuestiones determinantes “para que los agricultores y ganaderos profesionales, los que se juegan su economía en el ámbito de la agricultura y la ganadería, y que necesitan de esta ayuda para compensar su renta insuficiente”, y a las que se ha referido al principio.
Por último, el consejero también ha querido recordar que la contrarreforma ya generó muchos problemas, muchas insatisfacciones y que, en este punto, no se puede volver a lo mismo. “El momento es ahora y no podemos perder esta gran oportunidad para modernizar, adecuar y adaptar la PAC en favor de los agricultores y ganaderos profesionales”, ha matizado.
Prinicipales puntos de la“Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC”
Cabe recordar que el documento de la “Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC”, refrendado por la mayoría de partidos políticos y organizaciones agrarias, y que el consejero Olona lleva defendiendo desde 2018 en Madrid, defiende la necesidad de conseguir una reforma en profundidad. En él, sus firmantes piden afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería del resto de sectores, es decir, que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional. Apuestan por “aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres y que elimine los agravios, tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda, hace absolutamente imprescindible la completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas”. Tanto para el consejero como para las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias aquí representadas, esta supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas debe tener lugar en el año 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, “al objeto de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado”.
Consideran prioritario que la nueva denominación de ‘agricultor genuino’ reconozca a esta figura como “único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos, siendo deseable que se le exija unos ingresos agrarios que representasen al menos 50% de los ingresos totales, exigiéndose, además, unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar)”.
Del mismo modo, el acuerdo define como ‘agricultor genuino plus’ a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50% de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda. “Deberán cumplir con esta exigencia los agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas del segundo pilar, así como de ayudas complementarias y asociadas del primer pilar”, detalla el escrito.
El acuerdo establece que la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo la Ayuda redistributiva complementaria a la renta y la Ayuda complementaria a la renta para jóvenes, “deberá concentrar un importe superior al 60% del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC”.
“Debe reducirse drásticamente el número de regiones productivas actualmente existentes en España, limitándolas a un máximo de cinco o seis, una por orientación productiva, así como las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados”, apuntan.
El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, debiendo limitarse, en cualquier caso, a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, y aplicando un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.
Además, “la Ayuda directa asociada deberá aproximarse al 15 % del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC, se aplicará exclusivamente a los agricultores genuinos y deberá concentrarse, al menos en Aragón, en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes”.
“El presupuesto destinado a los eco-esquemas, en equilibrio presupuestario con el apoyo directo a la renta del modelo familiar, deberá ser de, al menos, un 20% del importe total destinado al Primer Pilar de la PAC. Asimismo, el importe asignado a los eco-esquemas deberá incluir un complemento para las superficies ubicadas en Red Natura 2000, espacios protegidos y reservas hidrológicas, así como a áreas despobladas (densidad inferior a 8 habitantes por km2) o de alta montaña, y para las superficies agrícolas inundables en relación con el eco-esquema de mantenimiento y protección de cobertura vegetal”, dice el acuerdo.
