Más de 200 interinos aragoneses en fraude de ley por abuso de temporalidad han participado hoy en Madrid en la gran manifestación unitaria, convocada por todas las organizaciones nacionales. «Fijeza ya» para estos trabajadores y rechazo a los planes del ministro de Función Pública, Miquel Iceta, contrarios a la normativa y jurisprudencia europea, han sido los ejes centrales de esta movilización, que ha repetido el éxito de la celebrada el 15 de febrero de 2020.

Hasta Madrid han llegado interinos de toda España, también de las tres provincias aragonesas. En Aragón, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otros colectivos de la Comunidad han organizado un viaje en autobús y a ellos se han sumado los interinos que se han desplazado en tren o en vehículos particulares.

Aragón es una de las comunidades con mayores tasas de temporalidad, especialmente en la Diputación General de Aragón (DGA): un 48,4 %, 28.844 de los 59.560 empleados públicos, según los datos oficiales del propio Ejecutivo a 31 de diciembre de 2020. Está así muy por encima del límite legal del 8%, que solo se cumple en la Administración central. Según las estimaciones de STEPA, en las administraciones aragonesas en torno a 20.000 se encuentran en estos momentos en fraude de ley, al llevar con contratos temporales más de 3 años (algunos incluso décadas). En toda España llegan a 800.000.

STEPA critica el oscurantismo de la DGA al negarse a facilitar las cifras exactas del número de trabajadores que han superado los tres años y por tanto se encuentran en situación ilegal, ocupando además en muchos casos plazas estructurales. Otros gobiernos autonómicos sí las han hecho públicas y también algunas administraciones aragonesas como el Ayuntamiento de Zaragoza.

En este sentido, STEPA ha calificado de «vergonzosas» las declaraciones del presidente aragonés Javier Lambán al ser preguntado en el pleno de las Cortes este viernes por Izquierda Unida. No abordó la cuestión y se limitó a dar cifras de las ofertas de empleo de los últimos 4 años, que ni han solucionado la temporalidad porque se ha disparado, ni se ajustan a la normativa y jurisprudencia europea. La UE rechaza que las oposiciones sean una solución porque no sancionan la mala práctica y perjudican además a las víctimas, que llevan años y décadas y pueden acabar despedidas y sin indemnización.

Además, consideran «increíble que el Gobierno aragonés diga que no conoce la cifra de funcionarios en situación ilegal, o no dice la verdad o de ser así deben dimitir inmediatamente sus responsables», aseguran desde el sindicato aragonés.

La manifestación se ha iniciado a las 12 horas en el paseo del Prado, recorriendo el paseo Recoletos y ha finalizado en la plaza de Colón. Miles de personas han secundado la marcha. Con esta acción se ha rendido también homenaje a tres interinas -María Jesús, Coro e Irune-, que se encuentran en huelga de hambre desde hace unos 40 días como medida de protesta. La marcha ha estado encabezada por trabajadores que llevan ya más de 25 años con contratos temporales en la Administración.

TRES REIVINDICACIONES BÁSICAS

Con esta nueva movilización reivindicativa, las entidades convocantes han pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública tres cuestiones básicas:

1.- que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas por personal abusado hasta que no se compruebe si sus contratos o nombramientos están en fraude de ley, y que éste sea sancionado,

2.- que la sanción al fraude de ley ya cometido sea para la Administración incumplidora, no para el personal abusado, y que ésta consista en asegurar un lugar de trabajo de carácter permanente para el personal víctima del fraude de ley, ya que ésta es la solución acorde con la normativa y la jurisprudencia comunitarias e internas;

3.- y que a las personas ya cesadas habiendo sido víctimas del abuso de temporalidad y que hayan previamente denunciado su situación les sean ofertadas todas las plazas que no hayan sido cubiertas con los procesos convocados y ya finalizados.

Los convocantes de la manifestación de este sábado denuncian los constantes incumplimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez tanto de la Directiva europea 1999/70/CE en el sector público, como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión.

Los interinos rechazan de entrada el falso planteamiento de que para estabilizar sus puestos deben presentarse de nuevo a una oposición: «La Administración habla de acceso al empleo público, pero todos los trabajadores públicos temporales ya hemos accedido al superar el proceso selectivo determinado por ella (oposiciones, concurso-oposición, bolsas de trabajo, etc.). En esos procesos, la garante del cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad ha sido la propia Administración«.

En 2019 en Aragón las emisiones GEI ascendieron a 14.844 ktCO2e, es decir, un 4,7% menos que en 2018. Además, esta cifra es un 2,9% inferior a la de 1990, año de referencia desde los acuerdos del protocolo de Kioto. De acuerdo con la serie histórica actualizada, 2018 es el primer ejercicio anual donde las emisiones disminuyen con respecto a 1990. “Nos encontramos por tanto en un momento importante en el avance hacia la descarbonización de Aragón y el reto más inminente que tenemos ahora mismo es conseguir reducir las emisiones en el transporte y en la agroindustria”, puntualiza la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta De Santos.

Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, se analiza el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En él se recoge la cantidad de gases emitidos a la atmósfera anualmente en Aragón, y permite conocer los sectores que más contribuyen a las emisiones y sus aportes específicos. Asimismo, este inventario realiza un seguimiento de las emisiones con carácter anual, incluyendo tanto las emisiones de los sectores que deben participar en el régimen de comercio de emisiones, es decir, el denominado sector regulado o sector Emissions Trading System (ETS), como el resto de actividades, conocido como sector difuso (sector residencial, agrícola, comercio, transporte, gestión de residuos, industria no incluida en el ETS, etc).

La emisión total correspondiente al sector regulado se obtiene a partir de los datos de emisiones verificadas de las empresas que pertenecen a este sector. Por el contrario, los datos correspondientes a las emisiones del sector difuso son extraídos a partir del inventario nacional de emisiones GEI realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y sus datos desagregados por comunidades autónomas.

Analizando los últimos datos, desde la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental destacan que las emisiones asociadas a la generación de energía mediante combustibles fósiles continúan disminuyendo y otras actividades como el transporte o la agricultura y ganadería han pasado a destacar como principales emisores en Aragón. Del total de las emisiones GEI en Aragón en 2019, las actividades agro ganaderas son responsables del 24,8%, el transporte el 21,8 %, la generación eléctrica el 16,5 % y el sector residencial, comercial e institucional el 13%.

“Hay que alegrase por estar mejorando, pero no podemos relajarnos. Los efectos de la COVID son minúsculos en comparación con los que ocasionará un Cambio Climático que tenemos ya en marcha”, De Santos. “Aprovechando que Estados Unidos y Europa han reforzado sus compromisos, Aragón debe hacer sus deberes y aprovechar estos nuevos retos para crear una nueva forma de relacionarnos con el planeta, cómo nos desplazamos, producimos y consumimos”, añade la directora.

Echando la vista atrás, 2018 fue el primer año en Aragón en el que la actividad de la generación eléctrica dejó de ser la principal fuente de emisiones GEI, cuando en los años 90 representaba cerca del 45% del total. Asimismo, cabe destacar que el 2019 fue un año hidrológico más seco que el anterior, con menos generación hidroeléctrica, lo que suele implicar aumentos en emisiones GEI por generación eléctrica, que junto al fin de la actividad de la central térmica de Andorra han permitido consolidar el cambio.

Además, se observa que el denominado sector regulado, es decir, instalaciones emisoras de GEI afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ocasiona el 36 % de las emisiones en Aragón, mientras que el sector difuso (todas aquéllas emisiones no incluidas en el sector regulado) representa el 64 %. Este último incluye, entre otros, transporte, agricultura y ganadería, emisiones en sectores residencial, comercial e institucional, además de toda la industria no afectada por la ley 1/2005.