El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la reforma de la Ley del Juego de Aragón, que data del año 2000 y que había quedado desfasada. El texto normativo, que ahora se trasladará a las Cortes de Aragón para su tramitación, aspira a proteger a los colectivos más vulnerables, como a los jóvenes y a las personas que presenten adicción al juego.

Entre las medidas más destacadas que figuran en el proyecto de reforma destaca el endurecimiento en los controles de acceso a los locales, restricciones en la apertura de salones, prohibición de publicidad y refuerzo de los programas de prevención de la ludopatía.

Una de las principales novedades es la prohibición de abrir o ampliar locales de juego a menos de 300 metros a pie desde la puerta principal de los locales hasta la entrada de los centros de educación primaria y secundaria, bachillerato, ciclo de formación profesional básica o enseñanzas artísticas profesionales y hasta establecimientos públicos que realicen actividades de ocio y tiempo libre principalmente a menores y jóvenes, y lo mismo hasta locales de actividades de formación no reglada que hayan sido acreditadas por el Instituto Aragonés de Juventud a las puertas de acceso del local de juego.

Asimismo, la ley especifica la obligación de que los locales de juego dispongan de un servicio de control de acceso y registro de visitantes situado expresamente en la entrada de cada una de las puertas de acceso del establecimiento. Además, se obliga a identificar a los clientes con su DNI para comprobar que no son menores o que están incluidos en el registro de personas prohibidas al juego. Los locales deberán mantener diariamente actualizado este registro.

Respecto a las personas en el registro de personas prohibidas al Juego hay un cambio importante, ya que la inscripción no decae de forma automática transcurrido un periodo determinado de tiempo sino que pasa a ser indefinida, aunque el interesado puede solicitar la cancelación pasados seis meses del registro.

La publicidad de los locales es otro de los aspectos que se ha reforzado. Así, se prohíbe toda forma de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades que incite o estimule la práctica del juego, con especial protección a los menores. Asimismo, el exterior de las instalaciones no podrá exhibir que induzcan a error sobre la actividad autorizada, información sobre el importe de premios o mensajes que sugieran la facilidad para obtener premios.

También muy enfocado a los jóvenes, se prohíbe a las empresas de juego la realización de actividades de captación y de fidelización de clientes, cualquiera que sea el medio o el soporte. Esta prohibición es extensiva a la entrega de bonos de fidelización o el ofrecimiento de juego gratuito o a precio inferior al autorizado.
Se endurece igualmente el control remoto de las máquinas de juego, que deberán disponer de un sistema de monitorización que almacene un mínimo de tres meses la fecha y la hora de cada jugada, las cantidades jugadas y los premios entregados.

Por último, el texto revisado refleja el compromiso del Gobierno de Aragón para adoptar medidas que desincentiven los hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego, con especial atención a los sectores sociales más vulnerables.

El Gobierno de Aragón, comprometido con la economía circular, puso en marcha la Estrategia Aragón Circular, un proyecto transversal alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que pretende favorecer la generación de actividad económica y empleo vinculado a este sector emergente, al mismo tiempo que concienciar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de modificar nuestros hábitos. Entre las acciones de los Departamentos figuran actividades de formación e información para extender esta cultura de la economía circular en colectivos de consumidores y usuarios y reforzar así la implicación de la ciudadanía con un consumo responsable y sostenible.

Con este objetivo, desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, se han organizado a lo largo del año diferentes actividades. Por un lado, a través del Programa de Educación del Consumidor, dirigido a escolares y estudiantes; el Programa de Educación Permanente en el que participan colectivos de consumidores de todas las etapas de la vida; y, por otro lado, a través de las Aulas de Consumo, como la que se ha celebrado este martes bajo el título “Economía circular y consumo responsable”, en la que han participado Eloy Fernández Pérez-Aradros, jefe de servicio de Planificación para el Desarrollo Económico del Ejecutivo aragonés; y Natalia Alcubierre, directora de Medio Ambiente del Grupo Saica.

“Nos encontramos ante un cambio de paradigma, en el que la economía lineal: fabricar, comprar, utilizar y tirar da paso a una economía circular que implica muchas “R”: rediseñar, reducir los residuos, rechazar, repensar, reparar, renovar, recuperar aquellos productos que ya han sido puestos en el mercado, o reciclar. Y con estas acciones se pretende hacer una llamada al consumo responsable en los términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”, ha explicado el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez. “Se trata de ir adquiriendo o retomando actos de consumo que conduzcan hacia una economía circular, con pequeños gestos que están al alcance de todos”, ha subrayado.

Nuevo marco normativo sobre garantías, reparaciones y durabilidad de los productos

Recientemente se aprobaba el Real Decreto-ley 7/2021, publicado en el BOE el 28 de abril, que incorpora la transposición de varias Directivas y modifica la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios con el objetivo de lograr patrones de consumo más sostenibles. Un nuevo marco normativo, con medidas y cambios que afectan a los derechos de los consumidores, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 1 de enero de 2022.

Así, se amplían plazos significativamente, como por ejemplo la obligación de disponer de repuestos durante el plazo mínimo de 10 años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse; las garantías por una falta de conformidad del producto de manera general se amplían hasta 3 años o 2 en el caso de contenidos o servicios digitales; si el producto adquirido tiene alguna falta de conformidad, se amplía de los 6 meses actuales hasta los 2 años, o un año en contenidos digitales, desde la entrega del bien, siendo el plazo durante el cual recae sobre la figura del vendedor la carga de la prueba.

Pablo Martínez ha explicado que la reforma incorpora el criterio de durabilidad o reparabilidad de los productos como un criterio objetivo para su elección por los consumidores, y adelanta que se está trabajando en un sello que indicará a primera vista en el embalaje del producto el Índice de Reparabilidad, según su capacidad y facilidades de reparación, que clasificará los aparatos eléctricos y electrónicos.

De esta manera, cuando un producto se rompa o deje de funcionar en el periodo de garantía, el cliente podrá elegir entre la reparación y la sustitución (hasta ahora es la empresa la que determina si procede reparar o sustituir). Valorar la durabilidad de electrodomésticos o aparatos electrónicos es un avance más hacia la economía circular, superando la llamada economía lineal del “fabricar-comprar-usar-tirar”, ya que conlleva un uso intensivo de recursos naturales y una elevada generación de residuos, recuerda el director general.

Estas medidas se integran en la nueva Estrategia Española de Economía Circular 2030, que trata de pasar del actual modelo lineal de nuestra economía a un modelo en el que el valor de los bienes se mantenga durante el mayor tiempo posible, lo que incide en el aumento del valor económico de los mismos y en la reducción de los residuos que se generen. Este cambio a un consumo más responsable requiere la participación activa e informada de las personas consumidoras.

Desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios recuerdan que, ante cualquier incidencia, en primer término, hay que trasladarla al responsable del Servicio de Atención al Cliente del propio establecimiento, quien está obligado a dar respuesta en el plazo de un mes. Para ello pondrán a disposición de los consumidores una dirección postal, teléfono y correo electrónico donde poder dirigirse. En el caso de no recibir respuesta, o no sea de nuestro agrado, se podrá elevar ante los servicios provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Los ciudadanos pueden plantear cualquier consulta ante las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor, asociaciones de consumidores y dependencias de la propia Dirección General de las tres provincias. También se pone a disposición de los consumidores la dirección de correo electrónico consultaconsumo@aragon.es y el teléfono gratuito 900 12 13 14, accesible desde cualquier teléfono fijo de Aragón.

Escucha nuestra entrevista en «Esto es Aragón» con David Rayuela y María Jesús voluntaria de las Hermanas dela Caridad

La Asociación Agustina de Aragón, que mediante convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza presta un servicio de lavandería y duchas para personas vulnerables, ha recibido una generosa donación de productos de higiene y limpieza promovida por la Asociación Sonrisas.

El consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento, Ángel Lorén, ha agradecido a la Asociación Sonrisas su iniciativa por llevar a cabo esta campaña solidaria en los últimos meses, en colaboración con una decena de asociaciones y empresas locales. Gracias a ella, se ha recabado abundante material para las personas usuarias de este servicio social de lavandería y duchas y también para otros destinos, como la Casa Amparo y el Albergue Municipal.

Desde febrero, a través de esta campaña se ha donado una notable cantidad de ropa y enseres de bebé para familias vulnerables, carritos, juguetes, libros y 22.000 pañales de adultos.

Han colaborado con la Asociación Sonrisas el centro comercial Puerto Venecia, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, la plataforma Zumaque, voluntarios de la Fundación Mapfre, carnicería Hermanos Pueyo, Mii Body, Asociación del Deporte Solidario (ASDES), Pompitas Zaragoza, Caballeros del Asfalto, Emprendedoras de Santa Isabel y Real Aero Club de Zaragoza.

CONVENIO MUNICIPAL DE 23.000 EUROS

El Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento cuenta con un convenio anual de 23.000 euros para la Asociación Agustina de Aragón, cuyo local en la calle San Blas n.º 37 presta una valiosa labor social a personas vulnerables que carecen de recursos de higiene y aseo personal adecuados en sus domicilios. Cada día, una media de 46 personas hacen uso de las duchas y 34 personas de las lavadoras de este centro, totalmente gratuito para los usuarios.

En 2020, este centro social atendió a 130 familias y 1.375 personas individuales, con un total de 5.043 usos del servicio de lavandería y 6.902 en el caso de las duchas.