Ramón Saz Monroy y Rosana Vicioso Morente, técnicos del Servicio de Seguridad y Protección Civil, han recibido este martes la Medalla de Reconocimiento al Servicio en la Pandemia COVID-19 de la Unión de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Un acto en el que ha participado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, acompañada por la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez. 

La distinción ha sido propuesta por la Asociación de Jefes de Policía de Aragón (AJEPLA) al considerar que el trabajo de los dos galardonados ha ido más allá del cumplimiento de sus obligaciones y ha representado un apoyo esencial para todas las Policías Locales de Aragón en el desarrollo de las funciones llevadas a cabo durante la pandemia de COVID-19, “consiguiendo que lo difícil fuera fácil y lo casi imposible, un poco menos fácil, pero realizable”. 

En concreto, han destacado la continua labor de apoyo y coordinación entre todas las jefaturas y agentes de los municipios aragoneses que cuentan con Policía Local, así como el apoyo para agilizar tanto el envío de EPIS a todas las plantillas al inicio de la pandemia como la realización de pruebas PCR a los agentes con sospecha de infección por COVID-19.

Finalmente, han puesto en valor la puesta en marcha de un sistema de comunicación que permitiera un contacto directo y eficaz entre los agentes de Aragón con algún tipo de responsabilidad: jefes, mandos y policías que trabajan en pueblos con uno o dos agentes, un grupo que ha propiciado un acceso directo y rápido a modificaciones normativas, una información fundamental para el trabajo diario de los policías locales. 

 La consejera de Presidencia ha querido dar las “gracias” a Rosana Vicioso y Ramón Saz, un agradecimiento que ha hecho extensivo a toda la Dirección General de Interior y Protección Civil. Se trata, ha dicho, de un “reconocimiento de corazón, pero también al corazón del sistema de la administración, un corazón que hemos visto cómo latía si cabe más fuerte en momentos de muchas dificultades”. Más en concreto, ha querido destacar el esfuerzo de los dos premiados “no solo por coordinar a las policías locales, sino para canales de comunicación directa con los agentes y para hacer llegar pruebas PCR a los policías”. 

 A un nivel más general, Mayte Pérez ha valorado que estos doce meses han podido destapar debilidades, pero también “nuestras fortalezas”. Y una de ellas, ha recordado, es “el factor humano, la generosidad y la solidaridad de la sociedad”.  

«Un lujo impagable»Por su parte, Rosana Vicioso ha querido en representación de los dos premiados agradecer este reconocimiento y dar las gracias a AJEPLA-Unijepol por creer “en un modelo de trabajo de gerencia compartida”, que combina la labor de una “técnico de gestión, que traslada la visión de la Administración general, con la de Ramón Saz, que aporta la visión técnico-policial”. 

Desde AJEPLA-Unijepol, su presidente, José Miguel Larraz, se ha referido a los dos premiados y ha dicho que “contar con personas que dedican su esfuerzo cada día, sin importar la fecha o el horario, en ayudarnos a todos los policías locales en Aragón es un honor y un lujo impagable”.

“Enumerar sus méritos sería largo; nos conformamos con decir que gracias a su esfuerzo nos hemos coordinado mucho mejor. No hay un solo pueblo que esté fuera de esa comunicación y esa coordinación”, ha añadido. Ramón Saz Monroy es subinspector de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón y coordinador de Seguridad del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Desde 2015 colabora con la Sección de Coordinación en Seguridad y Protección Civil. Desde su ingreso en la Policía Nacional, en 1999, ha estado destinado en Reus, Barcelona, Madrid, Huesca y Zaragoza, en áreas operativas, seguridad ciudadana y protección de autoridades y ha sido distinguido con la Medalla al mérito policial con distintivo Blanco y Cruz al mérito civil, además de con más de 50 felicitaciones públicas.  Rosana Vicioso Morente, licenciada en Derecho, ingresó en la función pública aragonesa en el año 2000, ocupando varios puestos en los distintos Departamentos (Agricultura y Ganadería, Economía y Hacienda, Salud, Política Territorial, Justicia e Interior), hasta ocupar desde el año 2013 la jefatura de Sección de Coordinación en Seguridad y Protección Civil en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

El pasado año 2020 fue distinguida con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco. Ambos técnicos son el enlace entre las distintas jefaturas de Policía Local y el Gobierno de Aragón y ejercen funciones de coordinación en cuatro vías: formación, tanto para policías de nuevo ingreso como para funcionarios de carrera; tramitación de subvenciones y convenios para la mejora de los cuerpos de Policías Locales; desarrollo normativo y consultas, informes y asesoramiento, tanto a entes locales, jefaturas, sindicatos o profesionales de manera individualizada. 

Asimismo, y a raíz de la declaración del Estado de Alarma, dicha coordinación se vio reforzada con la creación de un grupo específico de comunicación con todos los Cuerpos de Policía Local para propiciar una rápida difusión de las noticias, cambios normativos casi diarios, medio de comunicación para la distribución por plantillas de los EPIs que fueron suministrados por el Gobierno de Aragón y traslado de cualquier problemática surgida en tiempos de pandemia.

El 85% de los empleadores del sector hortofrutícola aragonés han presentado las declaraciones responsables solicitadas por la Orden de medidas de control y prevención para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y la salud para la próxima temporada de la recogida de la fruta. Tras un mes hábil, el plazo concluyó el viernes pasado a las 24.00 horas y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha hecho públicos los datos este martes, 23 de marzo de 2021.

Asimismo, conforme a lo previsto en la normativa vigente y que hace referencia a la salud pública, el consejero ha anunciado el inicio inminente de un expediente sancionador para el 14,6% de los empleadores que no han presentado la declaración responsable a la que estaban obligados, representado el 5,4% de la superficie.

La Orden obliga a los empleadores con más de una hectárea de frutal a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales para la próxima temporada de recogida de la fruta dulce, a través de la presentación de una declaración responsable. El número total de agricultores con esta obligación es de casi 3.000 y a un total de 37.800 hectáreas de tierra.

Olona ha valorado “positivamente” el dato conseguido, aunque ha reconocido que esperaba superar el 90% “para darse por satisfecho con el grado de cumplimiento alcanzado”. Una vez más, el consejero ha agradecido la ayuda prestada por las organizaciones agrarias profesionales, las cooperativas y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) para cumplir con la implementación de la norma, así como la diligencia de los responsables de las explotaciones agrarias de más de una hectárea que han presentado la documentación necesaria en tiempo y forma. Concretamente esta cifra representa el 94,6% de las hectáreas totales obligas a declarar, lo que viene a dilucidar que el incumplimiento de la Orden se ha dado, sobre todo, en las explotaciones de menor tamaño. “El 98% de los que no han presentado la declaración tienen explotaciones de menos de 20 hectáreas. Mientras que los de más de 50 hectáreas lo han hecho el 100%”, ha explicado.

El consejero ha recordado que el dato es “mucho mejor” que el del año pasado, cuando la Administración solo recibió el 47% de las declaraciones responsables de obligado cumplimiento. “En el caso de la temporada pasada, la Orden salió tarde, y hay que reconocer que el tiempo que les dimos a los agricultores para reaccionar fue muy breve, puesto que solo tuvieron unos días hábiles para poder presentar la documentación. Por el contrario, este año nos hemos adelantado mucho al momento más álgido de la campaña, que será en los meses de julio y agosto, y han tenido un mes de tiempo”, ha apuntado Olona.

Una vez más, Olona ha recalcado los dos objetivos primordiales que tiene la Orden. Por un lado, disponer de toda la información necesaria del volumen del personal a contratar, para que las diferentes administraciones puedan planificar las medidas necesarias en la gestión de la pandemia. Y, por otro, conseguir que el sector se involucre más y mejor en las condiciones transporte y alojamiento, además de las laborales.

La Orden obliga a comunicar las previsiones de contratación para la próxima campaña

La Orden se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 18 de febrero de manera conjunta por los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Economía, Planificación y Empleo; y Sanidad y establece medidas de control para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y salud en la próxima campaña de recogida de la fruta en Aragón.

A través de esta Orden se obliga a los empleadores a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales antes del inicio de la campaña, a través de la presentación de una declaración responsable. En ella, el empleador se compromete expresamente al cumplimiento de las condiciones y requisitos laborales y sanitarios exigibles y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.

Asimismo, el empleado solo podrá desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y donde figure su domicilio. Esta declaración responsable debe de estar firmada tanto por el empleado, como por el empleador.

La intención del Gobierno de Aragón en relación con la próxima campaña de fruta –cuyo núcleo se centra en los meses de julio y agosto-, pasa por la firmeza en la exigencia del cumplimiento estricto de las obligaciones laborales que, como empleadores, tienen los agricultores con independencia de la dimensión de su actividad. Para ello, como ya se anunció, además estas medidas preventivas, el Ejecutivo autonómico intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.

Aragón tiene previsto suministrar 30.048 dosis durante esta semana con las vacunas de Pfizer (17.748 dosis), Moderna (5.700) y AstraZéneca (6.600). Cabe recordar que esta última se comenzará a administrar a partir del miércoles.

Durante este periodo se continuará con la inmunización de los grupos en los que se venía vacunando hasta ahora: profesionales sanitarios tanto de sanidad pública como privada (300), residencias (279), dependientes de grado 3 y mayores de 80 años (21.378) y otros colectivos profesionales (8.091).

AstraZéneca para mayores de 55 años

El Consejo Interterritorial ha aprobado esta tarde un cambio en la estrategia de vacunación frente al covid, ampliando el límite de edad establecido para la utilización de AstraZéneca. En Aragón, esta vacuna se está utilizando en profesionales de colectivos esenciales y así va a seguir siendo, si bien ahora también podrá administrares a las personas mayores de 55 años que forman parte de los mismos –unas 8.700-, y para las que la opción de citarse para vacunación estará activa en los próximos días.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad paralizó provisionalmente la semana pasada la vacunación con AstraZéneca, que se retomará este miércoles. Las personas que tenían cita ya concertada a partir de ese día mantienen su hueco, mientras que las citas que han sido anuladas por la paralización provisional de la vacunación serán reprogramadas a partir de ese mismo miércoles. Estas personas están recibiendo un sms en el que se les indica la fecha y la hora de la nueva cita.

La previsión de Salud Pública es que todos tengan nueva cita entre el 24 y el 31 de marzo. De esta forma, entre estas fechas está previsto administrar las 2.749 vacunas cuyas citas ya estaban concertadas durante ese periodo y las 9.353 personas cuya cita se vio suspendida.