Julio Calvo
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Zaragoza
El pasado 7 de marzo se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso el primer trámite de la futura y, al parecer, imparable ley de Amnistía. Apenas unas horas más tarde pudimos ver la intervención del ministro Bolaños felicitándose a sí mismo sin ningún pudor por el éxito alcanzado, en una de las más ridículas y obscenas declaraciones que hayamos podido escuchar a un político en todos los años que llevamos viviendo en democracia. Llamar “valientes” a un gobierno y a un partido político que acaban de claudicar ante Puigdemont resultaría sonrojante para cualquiera dotado de un mínimo de dignidad. Porque lo que se confirmó el otro día, ya sin ningún atisbo de duda, es que quien duerme en la Moncloa es Sánchez, pero quien manda en España es Puigdemont.
La cantidad de mentiras vertidas sobre la amnistía y su tramitación como ley es un insulto a la inteligencia de los españoles y una falta al respeto que se nos debe como ciudadanos. Porque efectivamente, la amnistía y su tramitación se sustenta sobre una auténtica montaña de falsedades con las que se pretende justificar lo injustificable. Bastará recordar todas las declaraciones de los líderes socialistas en los meses inmediatos a las últimas elecciones, de Sánchez y del propio Bolaños entre ellos, argumentando exactamente lo contrario de lo que argumentan ahora: la absoluta inconstitucionalidad de esa medida, fuera de toda duda entonces y su intachable constitucionalidad ahora. Y remontándonos más atrás, las promesas de Sánchez de traer a Puigdemont para responder ante la justicia, su total acuerdo con la aplicación del artículo 155 en Cataluña o cómo consideraba rebelión lo que luego fue sentenciado como sedición. Observen que son muy pocos los socialistas que han mantenido su opinión antes y después de las elecciones. Todos los demás han mostrado una sumisión casi abyecta. Si el secretario general cambia de opinión y de argumentario, el resto cambia de opinión con él y hace suyos esos mismos argumentos.
El argumento nuclear, la reconciliación, es de nuevo falso. Lo que está detrás, y eso lo sabemos todos, incluyendo los socialistas que lo esgrimen, es la necesidad de Sánchez de garantizarse los votos que necesitaba para su investidura y para poder aprobar sus presupuestos y resto de iniciativas parlamentarias a lo largo de la legislatura. Pero habrá de saber Sánchez que la amnistía no basta ni garantiza nada. Los propios beneficiarios ya han hecho saber que detrás vienen la autodeterminación y la independencia, además de privilegios económicos y competenciales que iremos viendo. Es decir, no hay reconciliación. Hay una venta descarada de votos a cambio de impunidad. Pero es sabido que el soborno de hoy es el chantaje de mañana, y Sánchez va a estar sometido a un chantaje permanente, y con él todos los españoles.
Ha habido, es sabido, un dictamen provisional de la llamada Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa (que no del Consejo Europeo, órgano directivo éste de la UE), que introduce una serie de condiciones que la proposición de ley y su tramitación incumplen clamorosamente. Decir que ese informe sentencia la conformidad del procedimiento es una burda mentira. La Comisión dictamina que sería preciso un cambio en la Constitución, una tramitación amparada por dictámenes jurídicos, que se han obviado, y un procedimiento normal y no urgente como el que se ha producido, además de un amplio consenso social y político, a todas luces inexistente. Pero es que además, esa Comisión ha dictaminado sobre una proposición de ley que es distinta de la que finalmente se está tramitando.
Y por último, la introducción de los delitos de malversación, terrorismo y traición entre los supuestos amnistiables amparándose en el Derecho europeo y no en el Código Penal español es otra burda maniobra. Oír a Sánchez decir que el partido socialista va a ser implacable frente a la corrupción, para a continuación oír que se van a amnistiar también los delitos de malversación resulta sencillamente indecente. Además, una simple comparación de la definición de terrorismo que hace la Directiva comunitaria 2017/541 con la que figura en nuestro Código Penal certifica su similitud. Tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE habrán de hacer malabarismos para aceptar la conformidad de esa Ley con nuestra Constitución y con el Derecho europeo. No creo que sea posible.
El día que esta ley sea definitivamente aprobada, podremos certificar que España ha dejado de ser una democracia homologable. Y ese día está cerca. Porque si ya es grave que los delincuentes infrinjan las leyes, más grave es que lo hagan con impunidad y amparados por los poderes del Estado. Pero todavía lo es más que sean ellos quienes redacten las leyes. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí.
Julio Calvo
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Zaragoza
