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Susín pide unos presupuestos “para las familias y el tejido productivo aragonés”

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La portavoz de Hacienda del Partido Popular recuerda al Ejecutivo que el préstamo que ahora le da el gobierno de Pedro Sánchez tendrán que pagarlo los aragoneses.

El Partido Popular aceptó esta mañana la adopción de medidas fiscales extraordinarias ante una situación económica, social y de empleo extraordinaria. De hecho es lo que lleva pidiendo desde hace meses ante la falta de pulso de los Gobiernos de España y de Aragón que, hasta la reunión el pasado lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), habían intentado capear todas estas crisis sin aumentar los recursos económicos.

Carmen Susín, portavoz de Hacienda de los populares aragoneses en el Parlamento autonómico teme, sin embargo, las consecuencias negativas para el futuro que tiene la estrategia de elevar el gasto sin definir con precisión cómo se pagará “”lo que nos preocupa es que no hay un plan a medio plazo. Sabemos lo que va a pasar en 2020, 2021, pero ¿y en 2022, 2023 y 2024? Porque es dónde va a venir la hipoteca”. Esta fórmula significa, apuntó la diputada, “otra vez echar el balón hacia delante”, porque tal y como señaló en la comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón del responsable de la Hacienda autonómica “tiene usted claro que a partir de 2022 vamos a empezar a devolver cantidades millonarias a cuenta de las liquidaciones negativas que lastrarán junto con la deuda las próximas legislaturas. Porque es lo que nos preocupa, no las soluciones que hoy están planteando para este año y el próximo, si es que esta pesadilla de la pandemia termina ahí. Lo que nos preocupa es que este gobierno ha tomado estas medidas sin un plan de recuperación a medio plazo”.

La segunda clave está en “trabajar con eficacia, con agilidad y sobre todo con compromiso para darle la vuelta a un panorama económico desolador, y nos da la impresión de que ya estamos llegando tarde”. 

El primer reto del Gobierno de Aragón, destacó al inicio de su intervención, son las cuentas autonómicas para el ejercicio 2021, “los presupuestos en beneficio de las familias y del tejido productivo aragonés. Porque no traiga unos presupuestos en beneficio de un gobierno que ya venía ahogado económicamente antes del covid”, ya que como explicó el punto de partida “es desolador” con un déficit en 2019 de 300 millones de euros, más de 8.500 millones de deuda pública y otros 400 millones para pagar las devoluciones negativas de 2008 y 2009.  

DUDAS AÚN SIN RESOLVER

Garantizar los servicios públicos es una obligación del Gobierno de Aragón pero también lo es, tal y como afirmó Susín, “no comprometer la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma durante los próximos ejercicios”, y en este punto lamento que en la reunión del pasado lunes se obviara realizar el necesario avance sobre las perspectivas económicas para los próximos años, que no se hablara de la posible congelación del salario de los empleados públicos o que ni se citara la devolución a las regiones del dinero que se les adeuda por el IVA, que para Aragón supone 80 millones de euros.

Elevar el déficit público anual al 2’2% para 2020 y 2021 o el mantenimiento sustancial de las cantidades a cuenta entregadas durante este ejercicio por el Estado a las comunidades autónomas son medidas concretas y evaluables, pero el Gobierno de España no despejó cómo será el reparto de 10.000 millones del fondo REACT-EU para las regiones, “desconocemos los criterios de distribución, porque si se negocia con los criterios de financiación autonómica una vez más vamos a salir perdiendo en Aragón señor Pérez Anadón, y es su obligación defender los criterios de reparto que estas Cortes, una y otra vez hemos reiterado por unanimidad donde prime el coste de los servicios y no la población”. Otra duda que quedó sin aclarar, tal y como recordó al consejero de Hacienda Carmen Susín, es la fecha para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica después de que Pedro Sánchez se comprometiera al inicio de la actual legislatura, o cómo queda la reivindicación aragonesa de compensar a las comunidades autónomas perjudicadas por el actual modelo.

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