La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha convocado una rueda de prensa esta mañana en el Senado para reprochar la actuación del Gobierno en cuanto al aplazamiento de la respuesta a la pregunta que habían planteado demandando concreción y precisión acerca del calendario establecido por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno para la aplicación de la Disposición Adicional 123 de los Presupuestos Generales del Estado, relativa a las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, ubicadas en Soria, Teruel y Cuenca. La Agrupación de electores registró la pregunta en el Senado el pasado 18 de mayo para que fuese respondida de forma oral por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en principio estaba incluída en el orden del día de la sesión plenaria de hoy. A última hora de la tarde de ayer, el Gobierno informó del aplazamiento de la citada pregunta “por encontrarse ausente la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
Piden que la interlocutora sea la Ministra de Hacienda
Desde Teruel Existe consideran que la ministra de Hacienda es la interlocutora válida para responder a la pregunta, dado que se trataría de bonificaciones con repercusión presupuestaria, que fue ella la que ya se comprometió a finales de 2020 en otra intervención en el Senado con su “rotundamente sí” y que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública el responsable último de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con quien se negociaron, y en consecuencia -también por tratarse de un aspecto sectorial de su clara competencia- el responsable del desarrollo de la disposición adicional 123 de los mismos, aunque lo pueda ser en coordinación con otros Ministerios.
A su vez, denuncian que el Gobierno derive las explicaciones al ministerio de Reto Demográfico, y afirman que ya preguntaron en el Congreso a la ministra Teresa Ribera, “pero no nos ofrece respuestas concretas”. Añaden que el Secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya, ha realizado declaraciones poniendo en duda que la medida pueda servir de manera efectiva al objetivo de la lucha contra la despoblación. Ante todo lo expuesto, denuncian que “no existe implicación real del Gobierno, siguen sin dar respuestas ni medidas concretas, y no sabemos si no quieren o no se atreven a aplicarlas”.
