Zaragoza en Común pide a PP-Cs cumplir con la Ley de Memoria Democrática

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El grupo de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al gobierno municipal que cumpla con la Ley
de Memoria Democrática de Aragón, retirando el nombre de las calles y otros símbolos que contravienen la norma.

La formación ha explicado que el 22 de noviembre de 2020 finalizó el plazo para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Aragón y que recientemente el Ayuntamiento ha recibido una notificación de la Directora General de Patrimonio
advirtiendo de que este incumplimiento podría dar lugar a sanciones económicas.
En concreto, las calles a las que aluden los estudios realizados por la Universidad de Zaragoza y a los que se refiere también el Gobierno de Aragón y otras instituciones como el Senado o la Fundación 14 de Abril son las correspondientes a Miguel Allué Salvador, Gonzalo Calamita, Antonio de Gregorio Rocasolano,
Arzobispo Rigoberto Domenech, Mariano Horno Liria, Miguel Merino Pinedo, Rudesindo Nasarre Ariño, Juan José Rivas Bosch, Agustina Simón, Pedro Lázaro y José Jordana Fuentes. “La institución más cercana al ciudadano no puede incumplir esta ley y obviar los años de terror y represalias que se dieron tras
la guerra civil y que sostuvieron la dictadura franquista durante 40 años”, ha declarado Santisteve.


El portavoz ha advertido de que “no hay duda de que, por ejemplo, Gonzalo Calamita fuera un cargo político afecto al régimen franquista, siendo él quien organizó y ordenó la depuración de los maestros y maestras y profesorado
universitario, y que conllevó su expulsión y en algunos casos penas de cárcel o fusilamientos como forma de represalia e imposición del Régimen Franquista”.
Zaragoza en Común ha explicado que eI Gobierno de Zaragoza tardó más de seis meses en cumplir los acuerdos plenarios que instaban al Ayuntamiento a dar cumplimiento la Ley de Memoria. En diciembre de 2019, se decidió crear un grupo de trabajo que tenía por objeto el estudio y la elaboración de propuestas para la
asignación o modificación de la denominación del viario y espacios públicos, así como todas aquellas cuestiones que se consideraran en relación con la memoria histórica. No es hasta julio de 2020 cuando se convoca este grupo de trabajo y es
en septiembre del 2020 cuando se da traslado del informe elaborado por los asesores nombrados por el Gobierno PP-Cs sobre 11 de las propuestas de retirada planteadas. En la actualidad, no hay respuesta por parte del gobierno municipal.
“Con estas prácticas, el gobierno de Azcón ha tratado de dilatar el cumplimiento de una ley que, ahora, además, también puede tener efectos económicos negativos sobre las arcas municipales”, ha señalado Santisteve.

Para el portavoz de la formación, Pedro Santisteve “es síntoma de poca salud democrática obviar esta ley”, que obliga a las administraciones públicas a proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática de
Aragón, englobando en tal concepto la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y del Franquismo.
En concreto, está recogido en su artículo 31.1.d) de la ley aragonesa, relativo a las ‘Denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista’