El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al área de Acción Social un Plan de apoyo a los campos de refugiados en origen, en los países limítrofes de Ucrania y alrededores (Polonia, Rumanía, Hungría o Eslovaquia) además de que se refuercen los recursos con los que se encontrarán las personas desplazadas que lleguen a la capital.
En este sentido, la formación ha pedido un esfuerzo en los recursos que se dedican a la Casa de las Culturas, de manera que los y las profesionales puedan intervenir en la acogida de personas refugiadas de manera previa a su inclusión en los programas oficiales, facilitando alojamiento, cobertura de necesidades básicas, apoyo psicológico y social y asesoramiento legal.
Además, Zaragoza en Común ha solicitado la implementación “urgente” de mecanismos de coordinación entre los distintos servicios sociales municipales, de forma que se faciliten los itinerarios de inserción y autonomía personal una vez finalizado el proceso de acogida y refugio.
“Creemos que no basta con la mera canalización de la solidaridad individual sino que es necesaria la implementación de políticas públicas de refugio y acogida”, ha defendido la concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto.
La edil ha criticado la respuesta dada por el concejal responsable de Acción Social ante esta crisis humanitaria, medidas “claramente insuficientes”, ya que “no basta” con ceder la red de Centros Cívicos y coordinar las aportaciones ciudadanas’, sino que es “necesario” poner en marcha “acciones específicas y globales”.
“Poner en marcha todas estas medidas con una partida de 30.000 euros como ha planteado el Sr. Lorén parece una medida cosmética y de cara a la galería ante el reto que tenemos por delante”, ha criticado Broto. La edil ha pedido que se reviertan los recortes de esta legislatura en el ámbito de la Cooperación Internacional y el apoyo a personas refugiadas.
Recortes en apoyo a personas refugiadas
Solamente este año, la partida de Subvenciones de Apoyo a Refugiados y Acción Humanitaria ha sido reducida en 50.000 euros, y las partidas de cooperación al desarrollo, parte de las cuales se destinan a Acción Humanitaria, se han recortado en casi 1,8 millones a lo largo de esta legislatura.
En concreto, las subvenciones de Apoyo a Refugiados y Acción Humanitaria han sufrido un recorte de 50.000 euros en el presupuesto de este 2022. La partida de Acogida e inclusión de refugiados que contaba con 75.000 euros, fue eliminada ya en el presupuesto de 2020. Y, en toda la legislatura, el total de los recortes ascienden a 1,8 millones menos en subvenciones y convenios de cooperación al desarrollo.
“Que esta ola de solidaridad construya una Zaragoza más acogedora”
Zaragoza en Común ha manifestado su solidaridad con la situación de las personas refugiadas y desplazadas por la guerra de Ucrania, una oportunidad para que esta “gran ola de solidaridad” sirva para construir una política de cooperación y refugio que fortalezca a Zaragoza como ciudad acogedora.
“La respuesta humanitaria frente a las personas refugiadas y las crisis migratorias no solo debe atenderse cuando se da en nuestros territorios más próximos, sino que debe ser de carácter universal. Desgraciadamente, ni la de Ucrania es la única guerra, ni sólo las guerras provocan desplazamientos forzosos”, ha apuntado la concejala de la formación, Luisa Broto.
La formación ha recordado que aún hoy continúan las consecuencias de la crisis de refugiados de las guerras de Siria y de Afganistán. Solamente en Lesbos existe un campo de refugiados en el que malviven casi 3.000 personas en unas condiciones sin que haya una respuesta adecuada por parte de Europa.
Estado Central y Europa
La formación también ha reclamado al Estado central que establezca mecanismos de convenio con las entidades locales, con objeto de dar acogida a personas refugiadas, de similar entidad a las que ya existen entre la Secretaría de Estado de Inmigración y entidades sociales y organizaciones no gubernamentales.
Por último, la formación también ha solicitado que la Directiva Europea aprobada en 2001 por la Unión Europea, que facilita la concesión de asilo de manera automática en situación de grandes crisis, y que no se ha activado ni una sola vez en los últimos 20 años, se aplique no solo en el caso de los refugiados ucranianos sino también y sobre todo de manera retroactiva a los refugiados de la guerra de Siria.