El secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, ha insistido en la viabilidad de la central hidroeléctrica ubicada en la presa de Los Toranes, como demuestra el informe elaborado a petición de los ayuntamientos de Albentosa, Olba y San Agustín, que señala que la central podría producir un beneficio de entre 686.000 y 800.000 euros al año.
Salvador ha respaldado las reclamaciones de los vecinos y vecinas de la zona, que alertan del gran impacto ambiental que generaría el derribo de la central, tanto por el escombro que habría que retirar como porque actualmente el agua del embalse se puede utilizar para la extinción de incendios y riego.
En este sentido, el secretario territorial de CHA ha aclarado que la presa cuenta con caudal suficiente para la producción energética, y que la maquinaria se encuentra en muy buen estado a pesar de tener 70 años, puesto que se han realizado continuas revisiones y reparaciones.
Chunta Aragonesista presentó una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno de España que paralice el desmantelamiento de la central hidroeléctrica de Los Toranes, y tome las medidas oportunas para reabrir sus instalaciones.
En su respuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que “actualmente no está prevista la paralización de la demolición, puesto que la concesión se encuentra extinguida, es obligación del concesionario cesante la de reponer el dominio público hidráulico a su estado primigenio”.
Sin embargo, José Manuel Salvador ha insistido en la importancia de esta instalación: «No tiene sentido demoler una instalación viable que ya está construida y que aprovecha la energía del agua, en el contexto actual de subida de precios de la electricidad».
Por estos motivos, Chunta Aragonesista ha presentado una nueva iniciativa en la Cámara Alta para reclamar el Gobierno de España que busque fórmulas para evitar el desmantelamiento de la central, con el objetivo de que puedan volver a producir energía lo antes posible, y que pueda revertirse la gestión de la misma al ámbito público local favoreciendo la generación comunitaria de energía, tras el final de la concesión de la empresa explotadora.
