El Lugarteniente, Javier Hernandez, por indisposición del Justicia Dolado ha hecho entrega esta mañana al Presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, del Informe Anual de 2021 que recoge la memoria de actividad de nuestra Institución y que analiza las funciones que el Estatuto de Autonomía, cuyo 40 aniversario celebramos en este año, le otorga en defensa del mismo, del ordenamiento jurídico aragonés y de los derechos que del Estatuto emanan para la ciudadanía.

Aunque las dos primeras funciones, junto a su secular historia, singularizan a nuestra Institución; es la defensa de los derechos individuales y colectivos la que ocupa la mayor parte de la actividad del Justiciazgo.

En el ejercicio 2021 se han tramitado 2699 expedientes (2130 en 2020, 1612 en 2019 y 1764 en 2018), y como resultado de estos se han dictado 270 resoluciones (237 en 2020, 261 en 2019 y 237 en 2018).

Dichas cifras muestran la confianza que depositan los aragoneses en la Institución pues, aunque en 2018 se abandonara como referencia el computo de quejas para agrupar las mismas por medio de expedientes, estos siguen teniendo un crecimiento constante y notable.

No obstante, entendemos que el aumento de aproximadamente un 30% tanto en expedientes como en resoluciones refleja el alto número de asuntos que, como indicábamos en el Informe de 2020 se realizaron sin una tramitación «ordinaria» (habida cuenta de la urgencia y las circunstancias), así como de la persistencia en las dificultades que los ciudadanos aragoneses siguen percibiendo y sufriendo en su interacción con las diferentes administraciones aragonesas.

Tanto es así que en la introducción que el Justicia Dolado realiza al comienzo del Informe expresa: «Si tuviera que marcar dos grandes líneas maestras que recorren toda la casi totalidad de áreas serian: las carencias en la accesibilidad de los ciudadanos a la administración y el aumento de la exclusión social. La generalización de los sistemas de citas previas, las gestiones exclusivamente telemáticas o la falta de personal de atención directa al público están generando muchas de las quejas de los aragoneses.

Claro ejemplo de ello es el aumento de un 253% de los expedientes relativos a sanidad, pasando de 153 expedientes en 2020 a 380 en 2021, y muy especialmente que el número de expedientes referidos a la atención primaria se aproxime a los relativos a lista de espera quirúrgica, siendo este último el motivo por el que tradicionalmente más quejas se han recibido en la Institución en materia de sanidad. Los ciudadanos manifiestan dificultades y excesiva demora tanto para acceder a este nivel asistencial como para una primera consulta con el especialista o la realización de pruebas diagnósticas.

La inquietud motivada por las decisiones que debían sobre la incorporación de los alumnos a las aulas en el segundo trimestre del curso 2020/2021, o cómo proceder en la llegada del curso 2021/22 han sido el objeto de tramitación de numerosos expedientes en el área de educación, pero en este mismo área hemos de destacar las necesidades en tecnologías para la obligada educación semipresencial y/o digital, que como ya indicáramos en el pasado Informe ha generado situaciones de exclusión para colectivos vulnerables.

Y el aumento de la exclusión social es otra de las preocupaciones del Justicia Dolado, quien en su análisis del Informe expresa que «es cierto que todas las crisis agudizan la misma y somos conscientes de que la recuperación no puede ser milagrosa. Pero no es menos cierto que durante estos casi dos largos años de pandemia hemos repetido hasta la saciedad aquello de que de esta saldríamos unidos y sin dejar a nadie atrás. Y cada vez son más quienes quedan descolgados de los estándares mínimos necesarios para llevar una vida digna y plena en todos los aspectos«.

Por ello, el Justicia destaca igualmente que «si entendemos nuestra educación como motor frente a las desigualdades, cuando estas generan colectivos vulnerables o los ciudadanos requieren una atención singular, nuestra mirada debe ir a nuestros servicios sociales».

En Servicios Sociales, durante este año, ha existido un alto nivel de quejas presentadas, un 53% más que en el ejercicio anterior, si bien, se ha producido una traslación importante, ya que han pasado de estar centradas en Residencias de personas mayores, Covid ,y prestaciones, a que sean estas últimas las que han acaparado mayor número de expedientes, especialmente con relación al IMV, el IAI y PACIMV, sobre las que se han operado cambios normativos que han afectado a la tramitación de dichas prestaciones, generando incertidumbre entre las personas afectadas. 

En diciembre de 2021, 10.871 empleadas del hogar estaban dadas de alta en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar en la comunidad autónoma aragonesa.

Si desgranamos los datos por provincias, observamos que 8794 realizan su labor en Zaragoza, 698 en Teruel y 1379 trabajan en la provincia de Huesca, unas cifras que no reflejan la gran cantidad de trabajadoras que realizan esta labor y lo hacen de forma irregular.

Si hacemos una comparativa con el número de trabajadoras afiliadas en abril al Sistema Especial de Empleadas de Hogar se han perdido 1239 puestos de trabajo, (un menos 10,23%). Si desgranamos los datos por provincias se perdieron 334 puestos en Huesca, 112 en Teruel y 792 en Zaragoza.

En España, El total de trabajadoras del hogar dadas de alta era de 381.485 personas. Según CCOO, cerca de 200.000 trabajadoras del hogar continúan en empleo sumergido y sin derechos.

Es un sector altamente feminizado ya que las mujeres suponen casi el 88% del total. una proporción que incluso se incrementa en el caso de los grupos de edad más jóvenes. Entre las edades de 25 a 44 años llegan a ser mujeres el 94%. Es decir, 9 de cada 10 personas que trabajan en el sector del Empleo del Hogar son mujeres.

El tramo de edad que concentran más empleadas del hogar es el superior a los 45 años, casi el 61% del total. Sonia García apunta que “es urgente que se resuelva rápidamente el acceso de estas trabajadoras a la cotización del desempleo que les dará derecho a recibir estas prestaciones en caso de perderlo”.

El 51% de estas trabajadoras lo hacen con un contrato de jornada parcial, una cifra que se incrementa en las edades inferiores a los 44 años, alcanzando un porcentaje de un 60%.

En Aragón, el porcentaje de trabajadoras extranjeras es de 56,29% (6119 empleadas) supera al de nacionales 43,71% (4752 trabajadoras). De las empleadas de hogar foráneas, 2460 proceden de la Unión Europea (un 22,63%) y 3360 (un 33,66%) de países no comunitarios. En España, Las trabajadoras con nacionalidad española suponen algo más de la mitad del total de personas dadas de alta en este sistema especial de la Seguridad Social (56,4%), si bien este volumen es incluso superior (63%) en el caso de las personas con edad superior a los 50 años y, por tanto, más próximas a la jubilación.

El Gobierno de Aragón y los agentes sociales se han unido, una vez más, para impulsar la iniciativa “Aragón en marca con Ucrania”, una campaña que tiene como objetivo fomentar y canalizar la solidaridad con Ucrania de empresas, empresarios y trabajadores.

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto; los secretarios generales de UGT-Aragón y CCOO-Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina; el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón), Miguel Marzo, y el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme), Aurelio López de Hita, han firmado hoy un protocolo de colaboración que supone el arranque de esta iniciativa.

Este protocolo surge ante la dramática situación humanitaria creada por la invasión rusa de Ucrania y los millones de personas amenazadas por la guerra que han visto destruidos sus hogares y medios de vida. Además de la labor de acogida a 1800 ucranianos que han llegado ya a Aragón huyendo de la guerra en su país, los agentes sociales y el Gobierno de Aragón consideran necesario comprometerse, a través del diálogo social, como parte activa en la articulación e impulso de la solidaridad de la sociedad aragonesa con Ucrania.

Las partes implicadas colaborarán en aquellas actividades conjuntas que, en el marco de “Aragón en marcha con Ucrania”, resulten de interés común con la evolución de la guerra en Ucrania y sus efectos, así como con las recomendaciones expertas para lograr una ayuda lo más efectiva y eficaz posible.
“Aragón en marcha con Ucrania” se concreta en el impulso y difusión de una campaña orientada a lograr donaciones económicas por parte de las empresas y los trabajadores a las entidades sociales integradas en el Comité de Emergencias de Aragón, que gestionan la ayuda a este país y sus ciudadanos con el conocimiento e infraestructuras necesarios para alcanzar una mayor efectividad y rigor.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha agradecido a la Fundación CAI la apertura de una cuenta bancaria para el Comité de Emergencias de Aragón, que será gestionada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) que aglutina a la mayoría de las entidades de cooperación. El dinero será para proyectos que desarrollen las entidades en relación con la guerra en Ucrania y que serán elegidos esta misma semana de todos los que se han presentado.

El documento nace de la amplia tradición de diálogo social que se ha materializado en diversos acuerdos formalizados por el Gobierno de Aragón con los agentes sociales autonómicos, que han permitido la participación de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos a través de órganos de naturaleza representativa y participativa.

Tal como ha recordado el presidente Lambán, la “cordial” y “fructífera” relación del ejecutivo con los agentes sociales ha concedido a Aragón “el más poderoso imán” de atracción de inversiones e impulso de estrategias, que ahora se traduce en canalizar la empatía con el pueblo ucraniano. Por ello, el Presidente de Aragón se ha congratulado de que un momento de sufrimiento de miles de ucranianos, los agentes sociales, una vez más, “estén a la altura de las circunstancias”.

La iniciativa da continuidad a la campaña “Aragón en Marcha” en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, fruto del diálogo social, y que logró reunir donaciones por valor de 6,4 millones de euros que permitieron proporcionar al Sistema de Salud de material sanitario imprescindible en los primeros meses de la pandemia, ante su escasez mundial, y acudiendo a mercados internacionales a través de las empresas aragonesas, así como la donación, posteriormente, de parte de estos fondos a entidades sociales para la atención a los colectivos más desfavorecidos, cuya situación se vio agravada por la crisis sanitaria y la subsiguiente crisis económica.