El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, destinará 13 millones de euros para reparar los daños producidos por las últimas riadas del Ebro y reducir los riesgos de inundación en la ribera. 8,5 millones de euros serán con cargo a fondos propios y los 4,5 restantes serán procedentes de la subvención directa que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) tramitará en favor de la Comunidad Autónoma de Aragón en respuesta a las últimas riadas.
El consejero Joaquín Olona lo ha hecho público este jueves, durante la inauguración de la Jornada ‘Autoprotección y prevención del riesgo de inundación. Buenas prácticas’, que se está desarrollando en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). “En su día dije que los agricultores y ganaderos no debían de tener ninguna duda de que los daños serían compensados y aquí está nuestro compromiso», ha asegurado. “Ahora tenemos que seguir trabajando en la prevención y adaptación del riesgo, porque ha demostrado ser crucial para afrontar este fenómeno, que cada vez ocurre con más frecuencia y que nos ha permitido mitigar con creces los daños de la última gran avenida si los comparamos con los de años anteriores”, ha reconocido.
Durante la inauguración, Olona ha estado acompañado por el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y el presidente de la Comisión de Municipios afectados por las riadas del Río Ebro (CMARE), Luis Eduardo Moncín. El objetivo principal de la jornada es que las distintas instituciones implicadas pongan en común su experiencia para extender las buenas prácticas y optimizar las actuaciones en base a la experiencia y lecciones aprendidas. Han participado representantes del Gobierno de Aragón, tanto de Protección Civil como del Instituto Aragonés del Agua (IAA), así como de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de los municipios afectados por las crecidas.
En su intervención, el consejero también ha querido poner de manifiesto la “vital importancia” de la coordinación institucional permanente para la gestión de las inundaciones, “no solo en el momento de la emergencia, que demostró ser fundamental en la gestión de la última riada en diciembre de 2021, sino también en el trabajo permanente y continuado que se lleva a cabo”, ha dicho.
Olona ha anunciado que las acciones previstas por el reciente Decreto-Ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados por las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del Río Ebro durante los meses de diciembre 2021 y enero de 2022, contará con una asignación de 7,76 millones de euros que se destinarán para reparar las infraestructuras de riego gestionadas por las Comunidades de Regantes, que ya se han adjudicado mediante los correspondientes contratos de emergencia, así como para compensar los daños sufridos por las producciones e infraestructuras agrícolas y ganaderas privadas excluidas por el seguro agrario mediante subvenciones a los afectados, incluyendo la dotación de liquidez y la adaptación de los usos agrarios.
Cabe recordar que, con el fin de proteger a personas y bienes, durante la emergencia que supuso la riada de diciembre ya se adoptaron las medidas necesarias de protección y reducción de las afecciones en los municipios de Novillas, Gallur, Remolinos, El Burgo de Ebro, Quinto y Gelsa con un coste de 120.000 euros con cargo al presupuesto del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que actuó en el marco de la coordinación del 112 y Protección Civil.
Olona también ha detallado que se destinarán 5,2 millones de euros para prevenir los daños y reducir los riesgos de inundación en la ribera del Ebro de los que, 4,5 millones de euros procederán de la subvención directa que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en favor del Gobierno de Aragón, para el desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes, vías de comunicación o núcleos urbanos existentes en el tramo medio del río Ebro y los principales afluentes asociados. Los 0,7 millones restantes serán aportados por el Instituto Aragonés del Agua y se dirigirán a las entidades locales, mediante dos convocatorias de subvenciones. La primera se publicará este mismo viernes, 25 de febrero, y estará dotada con 100.000 euros. Su objeto será la elaboración de planes municipales de emergencia y adquisición de medios materiales de protección. La segunda estará dotada con 600.000 euros y será para la limpieza y restauración de riberas, así como para la transformación en patrimonio público resiliente a la inundación de determinadas superficies cultivadas que sufren daños graves y recurrentes como consecuencia de la inundación reiterada, contemplando una ayuda de hasta 6.000 €/hectárea.
Las acciones de prevención que ahora se abordan son, en gran medida, consecuencia de los proyectos piloto y trabajos llevados a cabo en el marco del Plan Ebro 2030 propuesto por el Gobierno de Aragón en 2018, entre ellos los trabajos forestales de limpieza selectiva desarrollada en zonas de la ribera calificadas como Monte de Utilidad Pública cuya eficacia ha quedado demostrada durante la riada de diciembre último.
Por otro lado, el interés de los municipios ha quedado demostrado por el resultado de la convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades locales publicada en 2021 que se tradujo en 35 solicitudes y que, tras ser resuelta, ya cuenta con una asignación de 384.182,38 € para el tratamiento de 275,69 hectáreas de ribera donde abordar la reparación de daños medioambientales, la limpieza y retirada de materiales, el acondicionamiento y restauración del dominio público hidráulico y forestal, los desbroces y podas selectivas, así como la retirada de troncos y ramas muertas que entorpecen el curso de las aguas.
Por último, el consejero ha recordado que en Aragón existen 331 municipios en riesgo de inundación de los que 211 están clasificados como de alto riesgo de inundación.Este hecho, unido a los elevados costes que suponen unas inundaciones cuyo periodo de retorno parece reducirse progresivamente, justifica la necesidad de impulsar las acciones preventivas y de reducción de riesgos.
