En Aragón se abonan anualmente 83,2 millones de euros en prestaciones directas a personas en situación de vulnerabilidad (entre el pago del IMV, el IAI, las Ayudas de Integración Familiar (AIF), el complemento a las pensiones no contributivas y las ayudas de urgente necesidad) y se destinan cerca de 15 millones, en forma de programas o subvenciones, a entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. En total, cerca de 99 millones de euros “que tienen como objetivo que las personas que peor lo están pasando tengan la ayuda que necesitan en un momento de dificultad”. Son los datos que ha ofrecido esta mañana la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en la rueda de prensa que ha ofrecido, junto al secretario general técnico, José Antonio Jiménez, para explicar cómo se está trabajando desde este Departamento ante la emergencia social. En concreto, entre el IAI, AIF y IMV se llega a 37.000 aragoneses.

“Trabajamos con el objetivo de que nadie se quede atrás, de dar respuesta a la emergencia social y de asentar las bases para que las diferencias sociales, que son enormes y que se han agravado con la pandemia, no resulten insalvables. Estas prestaciones directas permiten a las familias vivir con dignidad. Son prestaciones justas, combaten la desigualdad y contienen la pobreza infantil. En definitiva, logran una sociedad más segura y un retorno económico”, ha explicado la consejera a lo largo de su comparecencia ante los medios de comunicación, donde ha desgranado también cómo se va a poner en marcha la Prestación Complementaria Aragonesa, aprobada sin votos en contra en las Cortes de Aragón, y que nace para cubrir las situaciones a las que no llega el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central hace justo un año. Este texto, publicado ya en el BOA se encuentra en fase de desarrollo reglamentario.

Sobre los datos globales, María Victoria Broto ha detallado que, en este momento, en Aragón, se abonan mensualmente 13.540 prestaciones directas a familias o personas a través del IMV, el IAI (que aún se sigue pagando) y las Ayudas de Integración Familiar. Esto supone, que en estas prestaciones se invierte, cada mes, casi seis millones de euros (3,2 del IMV, 2,2 del IAI y medio millón de las AIF). En concreto, están percibiendo el IMV 7.182 titulares y el IAI lo cobran 5.756 personas (2.547 de ellas reciben complemento del IMV), así que el total de nóminas es de 10.391, lo que sumado a las 3.149 Ayudas de Integración Familiar que se pagaron en el mes de mayo hacen el total mensual de 13.540 nóminas directas. Sobre estos datos, la consejera ha subrayado que de las 7.182 personas que reciben el IMV, 2.334 no recibían ninguna prestación anteriormente.

Referente en España

El cómputo anual que suponen para las arcas públicas las citadas prestaciones (tanto de Gobierno de España como del de Aragón) se eleva a 71,2 millones de euros, 22 millones por encima de lo que hasta 2020 se dedicaba a estos pagos directos. “Es cierto que nos hubiera gustado que le IMV fuera más rápido, pero también lo es que estos datos demuestran que el ingreso está llegando a nuevos perceptores y que, en la práctica, se han ampliado las ayudas para dar respuesta a la complicada situación actual”, ha subrayado la consejera, que ha recordado el esfuerzo realizado por Aragón para la convalidación de los IAI en IMV, un trabajo que ha servido de modelo para que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo utilice en otras Comunidades. Entre el IMV, las AIF y el IAI se llega a 37.000 aragoneses.

A estas cifras, que suponen pagos directos, el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía ha añadido los 8.7 millones de euros que en 2020 se abonaron en Ayudas de Urgencia específicas o los 340.783 euros destinados para el pago del consumo energético. “Estas ayudas de urgente necesidad, que son abonadas directamente por las entidades locales a quienes las necesitan, son financiadas desde el Gobierno de Aragón”. Del mismo modo, hay que sumar los 3,4 millones de euros que el Departamento destina, cada año, a complementar las pensiones no contributivas. De esta manera, los pagos anuales directos suman 83,2 millones de euros.

Respecto a las ayudas indirectas, que llegan a también a colectivos en situación de vulnerabilidad, el Departamento de Ciudadanía destinará en 2021 más de 15 millones de euros que llegan en forma de programas específicos (como los de fomento y apoyo a la inclusión, los itinerarios integrados de inclusión o becas para mayores y menores) o de subvenciones a entidades que trabajan directamente con la población que requiere de estas ayudas. Entre estas últimas cabe destacar los 9,3 millones procedentes de la “x solidaria” en la declaración de la renta; los 1,1 millones de subvenciones para inmigración; o el cerca de millón de euros en subvenciones para familias o proyectos de conciliación.

Desarrollo de la Prestación Aragonesa Complementaria

Además de desgranar estas cifras, la consejera de Ciudadanía ha destacado la voluntad del Departamento de trabajar para que las Prestación Aragonesa Complementaria entre en vigor con la mayor premura posible. “Hemos sido la primera Comunidad en aprobar esta norma y lo hemos hecho con el mayor consenso posible y sin ningún voto en contra en las Cortes de Aragón, ahora toca aplicarla a la mayor brevedad”, ha dicho Broto. Sobre este desarrollo, el Secretario General Técnico ha indicado que el Departamento trabaja ya en el Reglamento de la ley, que marca un plazo de cuatro meses para su aplicación y de dos para contar con la plataforma informática que permita su puesta en marcha.

José Antonio Jiménez ha recordado, tal como indica el texto publicado en el BOA el 25 de mayo, que esta prestación nace para complementar a aquellos ciudadanos que “encontrándose en situación de vulnerabilidad no pueden cobrar el IMV”. Entre ellos, se encuentran los jóvenes de entre 18 y 30 años que acrediten un domicilio distinto al de sus padres durante un año y nueve meses de alta en la Seguridad Social; los de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo tutela del Gobierno de Aragón y estén adscritos a programas de autonomía o transición a la vida adulta; los menores emancipados que tengan dependientes a su cargo; las unidades de convivencia con menores a su cargo que hayan agotado el programa de protección internacional y estén a la espera de regular su situación para acceder al IMV y tengan informes sociales favorables; las mujeres y unidades familiares víctimas de violencia machista, previo certificado; o los solicitantes de asilo o refugio mientras están tramitando la solicitud.

Cabe recordar que la cantidad de origen de esta prestación son 522 euros, un 10% más que la base del IMV, por lo que en Aragón se complementará con ella a los receptores del IMV cuyo cobro esté por debajo. A partir de esa cantidad básica se aplicará a la PAC la misma escala de incremento (en los diferentes supuestos que pueden darse) que contempla el IMV. Una de las novedades importantes de la prestación aragonesa es que prevé un pago del 5% adicional a la cuantía de la prestación que reciba el perceptor en caso de poder presentar un contrato de alquiler o gastos de hipoteca. Este supuesto desaparecerá si el IMV contempla su pago en la reforma que hay prevista.

Jiménez ha recordado, además, que, pese a que el IAI es una prestación ya derogada, una parte importante de quienes lo perciben van a seguir haciéndolo hasta que la Seguridad Social aplique la revisión sobre el IMV con los datos económicos de 2020, momento en el que volverá a analizarse la situación del perceptor. También lo seguirán cobrando aquellos que no han solicitado el IMV o han tenido desestimación siempre que presenten la solicitud del IMV antes del 30 de septiembre y hasta la resolución por parte de la Seguridad Social de su expediente. Del mismo modo, seguirán en esta nómina quienes sí han solicitado el IMV, pero no tienen aún respuesta.

El objetivo de la prórroga en estos supuestos del IAI, de la nueva prestación y del trabajo que sigue realizándose con la Seguridad Social para continuar con la convalidación de los IAI en IMV “es garantizar la dignidad de las personas y las familias que peor lo están pasando en esta crisis social que ha traído la pandemia”, ha concluido Broto, que ha querido subrayar el papel que tienen en combatir la desigualdad y contener la pobreza infantil.

El coordinador del Rolde de Solidaridad y Agenda 2030 de CHA, Luis García Arrazola, ha anunciado el apoyo de Chunta Aragonesista a la campaña ‘En defensa de la solidaridad’, iniciada por la Federación Aragonesa de Solidaridad para llamar la atención de la ciudadanía ante los recortes de 800.000 euros aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza en los fondos destinados a cooperación internacional y la supresión del convenio con la propia FAS.

“La colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la FAS siempre ha sido estrecha y fructífera”, ha explicado García Arrazola, quien añade que, gracias al apoyo de Chunta Aragonesista, “Zaragoza se ha convertido en un referente estatal en materia de cooperación”, con espacios y acciones como la feria Solidarizar o la Lonja de Comercio Justo.

En este sentido, recuerda que la FAS fue nombrada en 2011 hija predilecta de la ciudad de Zaragoza y en 2016 recibió la ‘Estrella de Europa’ por su defensa de los Derechos Humanos, por su reconocimiento a la defensa de los valores de solidaridad, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad. “Las 51 organizaciones de la FAS tienen 119.000 personas socias, 14.200 voluntarias y 22.300 donantes y padrinos”, añade.

Luis García Arrazola advierte de que el Ayuntamiento de Zaragoza firmó en 2018 un Pacto por la cooperación al Desarrollo, actualización del Pacto contra la pobreza firmado en 2007, y en 2020 en la Comisión de Futuro de Zaragoza el artículo 143, “ambos incumplidos por los recortes en los fondos de cooperación y la supresión del convenio con la FAS”.

“La contribución económica a las entidades de cooperación es un deber y responsabilidad de las instituciones públicas, ya que su dotación viene de la propia ciudadanía. Las últimas decisiones del Gobierno de PP y Cs, con el apoyo de la ultraderecha, suponen un retroceso democrático y dificultan nuestro objetivo de conseguir una sociedad participativa, justa, igualitaria y democrática”, ha finalizado García Arrazola.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha solicitado al Gobierno aragonés la creación de una Unidad de Referencia para la atención e investigación de la COVID persistente en alguno de los hospitales de referencia de la comunidad. Así lo ha reclamado la formación liberal en una proposición no de ley que se tramitará ante la Comisión de Sanidad.

La portavoz de Cs en esta materia, Susana Gaspar, ha señalado que, más de un año después del inicio de la pandemia, muchos aspectos de la enfermedad aún resultan desconocidos, especialmente los referidos a las secuelas que el virus deja en el organismo de las personas que lo han padecido. “La sanidad se enfrenta a un gran reto postpandemia: hacer frente al denominado COVID persistente, o long COVID, una enfermedad nueva y desconocida que supone un problema importante de salud pública”, ha advertido.

Se calcula que la COVID persistente afecta a más de 300.000 españoles, que se infectaron y siguen sin recuperarse meses después. La mayoría de ellos son mujeres jóvenes, de entre 35 y 45 años y sin patologías previas. Se estima que un 10 por ciento de los pacientes infectados por COVID queda con síntomas tres meses después de haberse contagiado. La COVID persistente es una patología incapacitante de síntomas muy heterogéneos y causa aún desconocida, que afecta y afectará a millones de personas en todo el mundo. Hasta la fecha se han diagnosticado más de 200 síntomas diferentes, siendo la fatiga, la niebla mental, falta de aliento, dolores persistentes de cabeza y musculares, problemas gastrointestinales, los más característicos. Aunque también hay pacientes que refieren erupciones cutáneas, febrícula por la tarde, faringitis, dolor de oídos o alergias más agravadas.

“Los pacientes de COVID persistente han quedado fuera del radar de la pandemia, a pesar de que se sienten constantemente enfermos desde que se contagiaron”, ha indicado Gaspar. Es una enfermedad incapacitante tanto a nivel laboral como personal y, en algunos casos, se estigmatiza a quien la sufre, ya que “algunos de ellos refieren que no les creen, o que a menudo sus casos no se toman en serio y les resulta difícil obtener un diagnóstico”.

Ante esta situación se han creado asociaciones de pacientes y se han elaborado guías clínicas para su atención. A finales del mes de abril, la Asociación long COVID de Aragón se reunió con los responsables del Departamento de Sanidad y se acordó crear un grupo de trabajo para hacer frente a la enfermedad, así como se estableció que la COVID persistente tenga un código propio en los historiales médicos, para reconocer la dolencia existente. “En Castilla y León se está valorando crear una unidad especializada para atender a estos pacientes en la provincia de Zamora y queremos que Aragón también avance en este sentido y ponga en marcha una unidad en un centro hospitalario de referencia en la comunidad, que pueda investigar la dolencia y atender a los aragoneses afectados”, ha concluido Gaspar.

El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ha defendido hoy que “el Partido Popular está preparado para ser la alternativa que los ciudadanos necesitan en estos momentos” en contraposición a “la política de anuncios de los Gobiernos de España y Aragón que han emprendido desde hace muchos meses sin poner en marcha medidas y recursos para dar respuesta a la crisis económica, social y sanitaria generada por la Covid”.

Son declaraciones que ha realizado a los medios de comunicación antes de clausurar el acto de renovación de la Junta Local de Alcañiz, donde se ha elegido como presidente a Miguel Ángel Estevan que sustituye en el cargo a Juan Carlos Gracia Suso, a quienes Beamonte ha agradecido su compromiso, su entrega y trabajo.

El presidente de los populares aragoneses ha destacado la cohesión y la unidad de la organización política en el conjunto de Aragón y ha defendido que “hay otra manera de hacer las cosas, que es la de la gobernar y gestionar con seriedad, sentido común y la de entender que en la vida pública tiene que primar el interés general y no el de una organización política que es precisamente a lo que estamos asistiendo en estos momentos”.

Sin embargo, para Beamonte esta falta de gestión empieza a encontrar después de un tiempo su respuesta en la sociedad española y aragonesa, por lo que ha considerado que “estamos ante un fin de ciclo de los gobiernos de Sánchez y de Javier Lambán y el cuatripartito”.

Y es que, tal y como ha expuesto, “esta forma de gobernar de la izquierda está perjudicando a las familias y a la economía, lastrando la recuperación”. Así, ha vuelto a mostrarse muy crítico con el Aragón idílico que vende Lambán cuando la realidad es que hay más de 80.000 desempleados, más de 12.000 personas en situación de vulnerabilidad y 5.000 negocios han echado la persiana y siguen sin solucionarse temas fundamentales como los hospitales de Alcañiz o Teruel, los retrasos con el Fondo de Inversiones de Teruel o el convenio de transición justa que sigue sin firmar.

Beamonte también se ha referido a los indultos a los condenados por sedición que pretende conceder el Gobierno de Sánchez, que ha calificado como algo “indigno” e “inmoral” pues “no se trata de una medida de gracia sino del pago de una factura pendiente para mantenerse en el poder”. “Es una de las acciones más feas y más mezquinas que han tenido lugar en nuestro país en estas ultimas cuatro décadas de Democracia”, ha asegurado.

El departamento de Economía, Planificación y Empleo ha resuelto esta semana la convocatoria de subvenciones para financiar el acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario, dotada con 215.000 euros. En concreto, se han concedido ayudas a 15 empresas y cooperativas agrarias diferentes que permitirán acondicionar y mejorar alojamientos y crear un total de 236 nuevas plazas, agotando todo el presupuesto de la convocatoria.

Para adjudicar las subvenciones se ha valorado la calidad y viabilidad técnica y económica de los proyectos de alojamiento, así como la situación social, económica y laboral del ámbito geográfico sobre el que se desarrolla; y el número de plazas que se crean en relación con la plantilla media de la empresa. Con estos criterios, se han concedido ayudas a iniciativas de este tipo en localidades como Belver de Cinca, Zaidín, Gurrea de Gállego, Alarba, Ricla, Calatayud, Tauste o Chiprana.

Esta convocatoria de subvenciones se puso en marcha en el año 2017 y, desde entonces, ha permitido apoyar al sector empresarial agropecuario de Aragón y facilitar que sus trabajadores temporales tengan alojamientos adecuados. En todas las convocatorias anteriores, el presupuesto de estas ayudas –que se ha mantenido este año- ha permitido atender todas las solicitudes que cumplían con los requisitos marcados.

En esta ocasión, y ante la actual coyuntura sanitaria, al objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, se suma el trabajo para reducir el riesgo de exposición, preservando la salud ante la amenaza de contagio del coronavirus, y para garantizar el normal desarrollo de la campaña de recogida de la fruta y de los trabajos agrícolas sin poner en riesgo la salud laboral de los trabajadores ni la viabilidad de las explotaciones agrarias. Para ello están trabajando de forma coordinada diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, entre los que se encuentra el de Economía, Planificación y Empleo.

Hasta 20.000 euros

Las ayudas convocadas permiten financiar acciones de acondicionamiento de plazas de alojamiento necesarias para albergar a trabajadores temporales, con un máximo de 20.000 euros por solicitante, subvencionando entre el 60 y el 80% de la inversión realizada. En concreto, pueden financiarse con ellas gastos de acondicionamiento, reforma o ampliación de los alojamientos; la compra o alquiler, y la instalación de módulos prefabricados, incluida la cimentación para apoyo y nivelación del módulo, arquetas y fosos correspondientes y las acometidas de agua y de luz; y, subsidiariamente, los gastos de adquisición del equipamiento y mobiliario básico necesario para acondicionar los alojamientos.