El presidente de Aragón ya comentó que no acudiría cuando se anuncio la bilateral para tratar el tema de la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón, pero el jueves lo confirmó en una carta enviada al gobierno de España.
El gobierno central ha convocado la bilateral con Aragón, por el informe europeo que denunciaba que la comunidad aragonesa no respetaba los derechos humanos por derogar ley de memoria democrática; los dirigentes autonómicos no tuvieron en consideración el informe de la ONU por considerarlo partidista y lleno de errores, al contar solo con información de una parte, la del gobierno de España; y ven la bilateral como una acto más de confrontación de Sánchez.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado la decisión de Azcón de no asistir a la bilateral: «Azcón está creando ciudadanos de segunda. Un presidente autonómico que se niega a hablar con el Gobierno de España no actúa por el interés de todos los ciudadanos, sino que sirve exclusivamente a los intereses de su socio de gobierno. Nos relega a ser ciudadanos de segunda porque la Ley de Memoria Democrática no perjudicaba a ningún aragonés, pero su derogación, sí. Azcón está creando ciudadanos de segunda”, explica Beltrán, añadiendo: “La comisión bilateral se rige por una norma de funcionamiento firmada por ambas partes y establece la obligación de reunirse cuando lo solicita una de las partes. El Gobierno hay que ejercerlo con seriedad, señor presidente”
Sin embargo desde la DGA consideran que esa bilateral solo responde a los intereses de Sánchez y no serviría para defender los intereses de los aragoneses. La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado, que «se ha confirmado la no asistencia a esa reunión, que más que responder a un interés de los aragoneses, más que responder a una motivación, que realmente sirva para llegar a un acuerdo, está dentro de la política de confrontación del Gobierno de España».
El pasado mes de abril, el titular del Ministerio advirtió que en caso de no alcanzar un acuerdo en Comisión Bilateral, recurriría al Tribunal Constitucional, procedimiento que, por tanto, se pondrá en marcha tras la negativa de Aragón.
