A 56 atenciones a internos de los tres centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma (Zuera, Daroca y Teruel) asciende la cuantía de los servicios prestados en los primeros tres trimestres a través del Servicio de Orientación Penitencia (SOJ), un servicio pionero habilitado por el Gobierno de Aragón y los Colegios de Abogados de Zaragoza y Teruel, dato que fue conocido esta mañana en la Comisión de Seguimiento del Convenio que rige este Servicio.
Este asesoramiento a los internos en los centros penitenciarios aragoneses se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen. Entre otros campos, el servicio incluye el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, asesoramiento de todo tipo en todos los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.
Otro de los objetivos es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal. Alrededor de 50 letrados se inscribieron en su momento en este servicio.
La propia directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Angeles Júlvez, indicó que “a raíz de la pandemia ha descendió el número de delitos y también el número de internos ingresados en los centros penitenciarios. Es lógico que la prestación del asesoramiento haya también descendido”.
“Es de destacar y agradecer el interés de los letrados que están participando a lo largo de estos meses de pandemia en prestar este servicio así como a los responsables de los centros penitenciarios, quienes también han estado totalmente involucrados a la hora de buscar soluciones para que, pese a las restricciones, pudiera prestarse el servicio”, añadió la directora general.
La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 186.000 euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el acuerdo, a razón de 46.537 euros hasta la anualidad de 2023 incluida.
En el transcurso de la reunión se comunicó que ya se habían tramitado las liquidaciones de los tres primeros trimestres del año para su abono a los letrados del servicio.
