La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realizará el próximo año en Aragón un máximo de 21.462 expedientes de inspección -un 3% más que en 2020- en materia de prevención de riesgos, relaciones laborales, Seguridad Social y lucha contra el fraude. Así lo ha fijado esta misma semana la Comisión Operativa Autonómica de la ITSS, el órgano de cooperación entre el Estado y el Gobierno de Aragón, presidido por el departamento de Economía, Planificación y Empleo, que se encarga de fijar e impulsar los objetivos y los programas de trabajo de la Inspección en la Comunidad Autónoma.
Las inspecciones se orientarán a los objetivos fijados por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad y salud en el trabajo, empleo y relaciones laborales según las necesidades y deficiencias del mercado de trabajo, recuperando los programas que se han visto afectados en su ejecución por la pandemia en 2020. Igualmente se incorporan las previsiones de la actividad que se desarrollará en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado o economía irregular –competencia del Gobierno central-, intentando detectar el mayor número posible de trabajadores a los que no se reconoce su alta en la Seguridad Social o se hace parcialmente, así como el pago de las cotizaciones no ingresadas y el control de la correcta aplicación de los ERTE vinculados a la Covid-19.
Para todo ello se va a reforzar la plantilla de la ITSS en Aragón con tres nuevos inspectores de Trabajo y Seguridad Social y cinco subinspectores de Seguridad y Salud, tal y como informó el director del organismo autónomo.
Prevención de riesgos laborales
Las inspecciones previstas para 2021 en materia de prevención de riesgos laborales alcanzarán las 4.714, lo que representa un incremento del 23% respecto a este año. En una acción conjunta y coordinada entre las dos Administraciones se intensificarán los controles en esta materia en las empresas con mayores índices de siniestralidad, alcanzando las 700 empresas de todos los sectores de actividad y tamaño.
Entre las líneas fijadas, destaca la realización de 578 visitas a las obras de construcción, el control de las condiciones de prevención en la actividad agraria, los trabajos con riesgo de amianto y el fomento del cumplimiento de las obligaciones de gestión de la prevención en todas las empresas de áreas o polígonos concretos. Además, se investigarán más de 300 accidentes de trabajo, exigiendo las responsabilidades que procedan, y se realizará una acción generalizada para exigir a las empresas que investiguen de forma adecuada las causas de los accidentes para evitar su repetición.
Igualmente, la ITSS mantendrá el control de los riesgos profesionales asociados a la Covid-19 y la exigencia de otras obligaciones materiales de salud pública establecidas para el resto de las empresas en la nueva normalidad, en base a la habilitación temporal que se ha realizado de sus funcionarios para vigilar el cumplimiento de estas obligaciones, en coordinación con la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.
Relaciones laborales y empleo
Por otra parte, se han aprobado 4.569 inspecciones, con un incremento del 22%, en materia de empleo y relaciones laborales. Las prioridades en este sentido se centran en atender las solicitudes de informe relacionadas con los ERTE y el control del fraude en la contratación temporal. Se estima que en 2021 podrán superarse los 3.000 contratos de trabajo convertidos en indefinidos. También se prestará especial atención a la posible precarización de las condiciones de trabajo como consecuencia de la pandemia con el control de los impagos de salarios, de la jornada y las horas extraordinarias no declaradas; y se exigirá a las empresas el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de igualdad, que afectan al contenido de los planes y la igualdad salarial.
La colaboración entre la ITSS y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) permitirá el control de las subvenciones que se conceden para garantizar la estabilidad en el empleo y el cumplimiento por las empresas de la obligación de contratar trabajadores con discapacidad, alcanzando a todas las que en Aragón no cumplan con este mandato legal.
Finalmente, entre las actuaciones de competencia exclusivamente estatal, para 2021 se ha aprobado la realización de un total de 11.379 expedientes relacionados con la lucha contra el fraude en Seguridad Social y el trabajo no declarado. Los objetivos en esta materia se centran en garantizar el alta de las personas trabajadoras y su correcta cotización por parte de las empresas, incluyendo la detección de falsos autónomos, el control del fraude en las prestaciones y la exigencia de las deudas con la Seguridad Social a las empresas que utilicen mecanismos para evitar su pago. También se mantendrá el control de la correcta aplicación de los ERTE vinculados a la Covid-19 para evitar el fraude en la obtención de prestaciones o la compatibilidad indebida entre el trabajo y la prestación por desempleo. Se estima una recaudación aproximada de 24 millones de euros en cotizaciones no pagadas, prestaciones devueltas y subvenciones indebidas.
