La percepción de las empresas aragonesas sobre los riesgos del segundo semestre de 2023 mejora globalmente respecto al semestre anterior. Así lo refleja la Encuesta de Competitividad elaborada por CEOE Aragón, su Consejo Empresarial e Ibercaja, en la que se les pregunta a las compañías cómo consideran que van a comportarse diversos indicadores y áreas con incidencia económica directa a lo largo de los próximos meses.
En esta octava edición de la encuesta, contestada por las empresas a lo largo de la segunda quincena de junio, disminuye la percepción de casi todos los riesgos y el índice Sintético de Competitividad se sitúa dentro de Aragón en 59.8 frente al 46,7 de la consulta anterior (siendo 55 lo que podría equipararse a un “aprobado”). También mejora la percepción para el ámbito nacional, que pasa del 41,99 al 58,76.
Destaca, sin embargo, la negativa percepción de las empresas sobre el mercado laboral. De hecho es la cuestión planteada que obtiene peor índice: 47,86 para Aragón y 43,70 para el conjunto de España. Los problemas para contratar trabajadores son el riesgo más elevado según las empresas en este ámbito; valorado con un 7,4 sobre 10 y creciendo desde el 6,6 del semestre anterior.
En consonancia con ello, abordar las carencias y problemas para encontrar mano de obra es una de las prioridades de política económica señaladas por las empresas, junto a medidas para reducir el absentismo y la simplificación burocrática.
Además de las dificultades de contratación, otros dos riesgos que las empresas consideran que aumentan para este semestre, aunque más levemente, son la caída de la demanda y el aumento de los tipos de interés.
Por el contrario, se observan fuertes descensos en la percepción de riesgos asociados a la inflación y los precios de las materias primas, así como de aquellos relacionados con los efectos de segunda ronda, como costes salariales y negociación colectiva.
En cuanto a las prioridades de política económica, también resaltan la necesidad de mejorar la eficacia del gasto público, valorado con un 8,9 sobre 10. Otras medidas prioritarias destacadas son la necesidad de aumentar la seguridad jurídica para fomentar el desarrollo de la actividad económica y la reducción de impuestos y cotizaciones sociales. Las siguen de cerca las acciones dirigidas a promover la digitalización, implementar medidas contra la inflación y aumentar el apoyo a la I+D+i.
En relación con los indicadores, se registra una mejora general y la sensación para el segundo semestre es más optimista que en la primera mitad del año.
También han mejorado los indicadores relacionados con los precios, las condiciones de vida, la innovación, las infraestructuras y la situación global, situándose todos ellos en niveles de aprobado.
