El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado el balance de la consulta previa, realizada a los ayuntamientos, para conocer el interés en materia de rehabilitación de barrios y para la construcción de vivienda para alquiler.

Ambas consultas se enmarcan dentro de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial a nivel de barrio (programa 1) y construcción de parque de vivienda (programa 6) derivados del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia.

El consejero Soro ha explicado que “a partir de estos datos empezamos el trabajo técnico para determinar qué proyectos están más maduros y se podrán llevar a cabo en los plazos marcados por Europa; cuáles cuentan ya con implicación de los vecinos y vecinas que deberán aportar una parte del presupuesto; cuáles son las necesidades más urgentes…”.

José Luis Soro ha recordado que la consulta previa no es excluyente y que se podrán analizar propuestas de otros ayuntamientos en los próximos meses. También ha explicado que al margen de estos proyectos se están llevando a cabo otras iniciativas para rehabilitar vivienda, como los ARRU o la rehabilitación de vivienda en el medio rural vinculada al Fondo de Cohesión Territorial.

Además, están en marcha ya otros proyectos de construcción de vivienda de alquiler como el edificio de viviendas de alquiler en la Merced, en Huesca; el residencial de jóvenes en la avenida Pirineos de Zaragoza; o las viviendas en el edificio de camineros de Teruel.

El consejero ha explicado que existen dos programas, de los seis existentes, cuyos protagonistas son los ayuntamientos, uno para rehabilitación y otro para construcción de vivienda.

El Gobierno de Aragón cuenta con 15 millones de euros para el programa 1 de ayudas a nivel de barrio. Se trata del 45% de los 33,3 millones que recibió en 2021 de fondos europeos para los cinco programas de rehabilitación. En la consulta previa, 16 ayuntamientos han presentado sus propuestas de rehabilitación para determinadas zonas del municipio lo que supondría actuar en 14.861 viviendas y pendientes de una subvención máxima que necesitaría que asciende a 412.200.170 millones.

De estas actuaciones, la mayoría de los ayuntamientos han priorizado una primera fase que supondría rehabilitar 5.169 viviendas con un importe total de 209.736 millones y contando con una subvención de los fondos MRR que supondría 120.134.819 millones.

Soro ha explicado que, con las previsiones actuales, “calculamos que en los próximos años podríamos recibir más financiación de manera que la cifra total sea de 38,7 millones para este programa, una cifra que se determina atendiendo al número de hogares en Aragón, que es el criterio que ha aplicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. No es el único criterio. El consejero ha destacado que “recibir más o menos fondos dependerá del grado de cumplimiento de los objetivos que marca el Ministerio”.

Por eso ha apelado a que la gestión de los fondos no se convierta en una competición entre ayuntamientos ni un reparto por criterios políticos o de cuota por población, sino que sea un trabajo conjunto y realista, sobre las necesidades y la capacidad de gestión “porque competimos con otras Comunidades Autónomas”.

En este sentido ha señalado que “estas ayudas son complejas y lo lógico es que las puedan desarrollar ayuntamientos con una cierta estructura” y ha explicado que “los datos de la consulta previa apuntan en este sentido y vemos que han sido solicitadas por ayuntamientos de municipios más grandes”.

“Empieza ahora una labor técnica, a la vista de los proyectos presentados, para seleccionar aquellos que están más desarrollados, con más calidad y que puedan iniciarse los trabajos en el menor tiempo posible”. Los criterios de Europa marcan que las ayudas tendrían que estar concedidas como máximo en noviembre de 2023 y las obras terminadas en 2026.

Soro ha puesto en valor que estos fondos han servido también para que muchos municipios realicen un trabajo de planificación y de priorización de las actuaciones “tiene que servir para crear una cultura de la rehabilitación que marque la senda en la política de vivienda”.

En el caso de los proyectos para la mejora de barrios, se podrá acceder a subvención para la rehabilitación de edificios residenciales, actuaciones de urbanización o reurbanización y la puesta en marcha de la oficina de rehabilitación para este programa concreto, una ventanilla única para la gestión y desarrollo de las actuaciones.

El consejero ha destacado que las cuantías de subvención son superiores a las que se han destinado en otras ocasiones llegando hasta el 80%.

La cuantía de las subvenciones será proporcional al nivel de reducción del consumo energético que se genere con la rehabilitación con importes subvencionables de entre 8.100 y 21.400 euros por vivienda. Se podrá subvencionar hasta el 100% en casos de vulnerabilidad de las personas residentes y se contempla una ayuda complementaria en el caso de tener que hacer frente a la retirada de amianto. Las ayudas deberán estar comprometidas antes de diciembre de 2023 y las obras terminadas en junio de 2026.

NUEVAS VIVIENDAS PARA ALQUILER
El programa 6 de ayuda a la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes servirá para dotar a los ayuntamientos de nuevas viviendas. Hasta 41 ayuntamientos han mostrado interés y han presentado proyectos en este sentido que suman la construcción de 920 viviendas y requieren una subvención total de 49.699.874 millones de euros. El Gobierno de Aragón prevé recibir en 2022 un total de 14,5 millones y aspira a que se pueda alcanzar, en los años siguientes, más dinero hasta alcanzar un total de 29 millones de euros.

Soro ha destacado que en la consulta previa aparecen solicitudes de municipios más pequeños “es muy interesante porque son actuaciones que nos pueden ayudar a hacer frente a la despoblación y a permitir contar con vivienda de alquiler, clave para ejercer el derecho a vivir en el medio rural”. El destino de los fondos se determinará de la misma manera, con un trabajo técnico para comprobar la viabilidad de los proyectos presentados y determinar cuáles se pueden desarrollar a corto plazo.

En el caso del programa de construcción de viviendas públicas para alquiler social, asequible o cesión de uso sobre terrenos de titularidad pública se considerará válida la construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de edificios que ahora no están destinados a vivienda. Deberán destinarse a este uso como mínimo 50 años y contar con sistemas de eficiencia energética para garantizar el consumo de energía casi nulo. Las ayudas podrán llegar hasta 700 euros por metro cuadrado útil sin superar los 50.000 euros por vivienda. Se podrá percibir la subvención con pagos a cuenta o anticipados y las obras deberán estar finalizadas antes de junio de 2026. La construcción podrá ser a través de la iniciativa pública o con fórmulas de colaboración público – privadas.

Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales

• 1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
• 2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.
• 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
• 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
• 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Fondos recibidos en 2021: 33,3 para todos estos programas de los cuales 15 millones se destinarán para el programa 1 de rehabilitación.

En 2022 se espera recibir 14,5 millones para la construcción de viviendas que sean destinadas al alquiler para el Programa 6: de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

En la sesión de control al Gobierno la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha preguntado a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, si “el Gobierno o los ministerios han definido algún mecanismo de evaluación y control que sirva para saber el grado de cumplimiento y los efectos de las 130 medidas frente al reto demográfico para corregir la despoblación”.

En palabras de Martín, el plan interministerial de 130 medidas para revertir la despoblación ha sido calificado recientemente por diversos analistas como “incoherente y con falta de estrategia real a medio plazo”, por lo que la senadora turolense ha transmitido a Ribera su preocupación. Ha lamentado que la propuesta del Gobierno sea “un plan cargado de buenas intenciones”, frente a  las “101 medidas prácticas, reales y realizables” que recogía el Modelo de desarrollo presentado por  las plataformas de la Revuelta de la España Vaciada en el Congreso de los diputados en mayo del año pasado.

A modo de ejemplo, Beatriz Martín ha asegurado que el plan no incluye medidas relativas a la exclusión financiera y “el grave problema que está ocasionando entre nuestros mayores y especialmente en el medio rural” y ha recordado que la Agrupación de electores lleva dos años reclamando soluciones.  En el ámbito de la seguridad en la España vaciada, ha criticado que la Guardia Civil “ tenga cada vez menos efectivos y los cuarteles sigan igual de deteriorados, por eso cada vez hay más vacantes sin cubrir”.

La desconcentración debe planificarse según las necesidades de los territorios

Teruel Existe critica que la propuesta de concurrencia competitiva elegida por el Gobierno para la realización de la “desconcentración territorial del Estado” que recoge el Acuerdo de investidura firmado con el PSOE en enero de 2020 , “por el momento no incluya alguna cláusula que dé prioridad a las zonas despobladas”. Martín ha argumentado que “para nosotros, la desconcentración no debe ser una pugna entre ayuntamientos y diputaciones, a lo que parece que apunta su propuesta, sino una herramienta bien planificada en función de las necesidades y oportunidades de los territorios”. Y ha insistido a Ribera en que empleen también la fórmula de desconcentración a través del teletrabajo de los empleados de la administración, haciendo alusión al convenio en que se trabaja en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además, Martín ha denunciado queel 30 de junio de 2022 se cumplirándos años del cierre de la central térmica de Andorra, y ha reclamado que se tenga en cuenta esta comarca en el proceso de desconcentración.

Para terminar, en su discurso ha criticado que “se sigan poniendo excusas para retrasar la implantación de la aplicación de las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas aprobadas por la Unión Europea”.

Ribera reclama que es imprescindible la implicación de todas las comunidades autónomas

En alusión a las medidas propuestas en el Modelo de desarrollo de España Vaciada citado por Martín, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que “muchas de las medidas que ustedes plantearon junto con otras plataformas aparecen recogidas en el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico”.

Por otra parte, ha incidido en que “es imprescindible la implicación de todas las comunidades autónomas”,  y ha asegurado que “una comisión delegada del Gobierno, junto a un grupo de trabajo, lleva a cabo un sistema de seguimiento y valoración de las 130 medidas del Plan, y consideran iniciadas un 82% de ellas, habiéndo transferido recursos de más de 3000 millones a las Comunidades Autónomas”.

Sobre la transición justa en Andorra, para Ribera va a ser “ejemplo de éxito internacional por el interés de las propuestas recibidas”. En cuanto a la propuesta de Teruel Existe de facilitar el  teletrabajo de los funcionarios, Ribera ha afirmado que es clave impulsar medidas como “que el personal público del Estado y las Comunidades autónomas pueda trabajar y vivir en los pequeños pueblos, y así facilitar la creación de empleo en aquellas provincias que cuenten con un nivel de densidad muy inferior a la media comunitaria, por debajo del umbral de 12 habitantes por kilómetro cuadrado fijado por las instituciones comunitarias”.

Guitarte urge la aplicación de las ayudas a empresas en zonas despobladas

Esa misma tarde en el Congreso, el diputado Tomás Guitarte ha intervenido en el debate de una Proposición no de Ley sobre fiscalidad, en la que ha recordado que Teruel Existe presentó a los Presupuestos Generales del Estado del pasado año propuestas para luchar contra el fraude fiscal, porque “para conseguir un Estado moderno y eficiente necesitamos un sistema fiscal justo que acabe con paraísos y fraudes fiscales”.

Guitarte ha incidido en que se podrían haber incorporado a la PNL “la necesidad de aplicar una fiscalidad diferenciada como herramienta para combatir las dificultades de desarrollo”. Ha explicado que la fiscalidad se ha utilizado desde la Edad Media, para facilitar el asentamiento de población y que, “dada la situación de crisis territorial que sufren muchas comarcas y provincias españolas, debe ser una medida a considerar de manera prioritaria”. Ha transmitido que el primer paso urgente lo debe dar el Gobierno “desarrollando la disposición adicional 123 de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2022 que recoge la aplicación de las ayudas estatales que ha autorizado la Comisión Europea para el funcionamiento de las empresas en zonas de baja densidad de población, de forma que se fomente la conservación y creación de la actividad económica y el empleo en los territorios despoblados”. Y ha concluido demandando a la Cámara el apoyo en este objetivo.