El Servicio Aragonés de Salud está ultimando una nueva propuesta para reorganizar el transporte sanitario urgente en Aragón, con el objetivo general de mejorar el modelo de atención integrado garantizando siempre la equidad en todo el territorio. “Este servicio es fundamental para vertebrar el territorio y garantizar la equidad en su acceso de todos los aragoneses. Y debíamos mejorarlo y adaptarlo a la realidad actual de nuestra comunidad”, ha explicado el gerente del Salud, José María Arnal, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a la gerente del 061 Aragón, Amparo García.

De esta forma, el nuevo modelo, que se adecuará a una sociedad más demandante y con unas características sociodemográficas definidas, para proporcionar unos recursos operativos de manera inmediata, mejorando los vehículos, su equipamiento sanitario y la competencia de sus profesionales. Según ha concluido Arnal, los recursos estarán mejor dotados, tanto en personal como en equipamiento, y mejor distribuidos, con lo que se recortan los tiempos de respuesta.

Para poder llevarlo a cabo aumentan la previsión de personal, con un incremento mínimo en torno a 80 personas, y las horas de presencialidad semanal de los recursos, que pasarán de unas 2.000 a más de 5.000. En cuanto a las ambulancias previstas para la atención de la urgencia, habrá únicamente dos tipos: Soporte Vital Básico (SVB), que cuenta con conductor y técnico y es activado en caso de traslado técnico; y Soporte Vital Avanzado (SVA), donde se incluyen las UME (médico, enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.

Desparecen del ámbito de la urgencia por tanto las ambulancias convencionales, que según la normativa vigente no son vehículos acondicionados para la asistencia sanitaria en ruta y que por sus propias características no se utilizan para atender la urgencia sanitaria. “Este cambio no implica un empeoramiento en el servicio de los municipios afectados, más bien al contrario, ya que con la nueva organización se garantiza un menor tiempo de respuesta en cualquier parte del territorio”, ha señalado Amparo García.

Siete de las actuales ambulancias convencionales pasan a ser SVB, aplicando en la decisión criterios de población, demanda asistencial, acceso a servicios sanitarios y otros recursos móviles, comunicaciones e isocronas. Además, los SVB centralizados territorialmente para dar servicio al resto de municipios aumentarán su presencialidad lo que permite reducir en al menos 15 minutos la activación del recurso (las ambulancias convencionales no cuentan con conductor de presencia física y por ello siempre tienen un tiempo de activación de quince minutos). “Con esta distribución, cualquier ciudadano está a menos de 30 minutos de un soporte vital básico”, ha concluido la gerente del 061.

De esta forma, en la nueva propuesta del Salud los SVB suben a 52 y los vehículos de este tipo con presencialidad las 24 horas del día pasan de seis a 20, incluyendo los fines de semana. También se incrementa el número de vehículos de SVB especiales para condiciones climatológicas adversas, que pasan de 6 a 11, y se incorporan dos nuevos dispositivos: un SVAE (que cuenta con enfermero, TES y conductor) para dar soporte a traslados de secundarios entre hospitales; y el vehículo de intervención rápida (VIR), una unidad de apoyo para la ciudad de Zaragoza que cuenta con médico, enfermero y técnico.

Cabe recordar que la prestación del transporte sanitario urgente se lleva a cabo a través del 061 Aragón, que moviliza el recurso más adecuado para cada caso atendiendo a criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad. El Salud mantiene el control sobre la actividad principal, que es la atención sanitaria de urgencias y emergencias, a través del 061 y de los centros de salud, y solo subcontrata las actividades complementarias, como conductores, técnicos y vehículos. La actual adjudicación concluye este año, por lo que en los próximos días se publicará el pliego de condiciones para la nueva adjudicación del servicio.

Previo a su elaboración se ha monitorizado la actividad de todos los recursos actuales desde el 1 de agosto de 2018, para poder adecuar los servicios requeridos en el mismo a la demanda y necesidades reales de los aragoneses. El presupuesto de licitación previsto supera a la actual adjudicación en más de cuatro millones de euros anuales.

Ola tras ola de la pandemia el Gobierno de Aragón ha repetido los mismos errores y eso ha incidido en los efectos que el covid tiene en Aragón y en los aragoneses. En esta séptima ola, la de mayor número de contagios y con un índice de mortalidad que nos ha llevado al primer puesto en España, el departamento de Sanidad ha vuelto a demostrar “falta de previsión, desorganización, improvisación y dejadez política, lo que se traduce en una incapacidad de gestión manifiesta”. Así ha resumido hoy la portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, la actuación de Sanidad tras casi dos años de pandemia y siete olas, una más que el resto de España.

Todo esto, se pone de manifiesto en dos hechos clave, la decisión de recortar el presupuesto de Sanidad un 4 por ciento cuando en el momento de tramitación de la cuentas ya estaba aumentado exponencialmente el número de contagios y el despido en el mes de octubre de 2.680 profesionales sanitarios, que además de necesarios en una crisis sanitaria de esta magnitud, lo son también para hacer frente a la compleja situación que atraviesa nuestra Sanidad.

Marín ha recordado que fue la propia consejera la que aseguró que la séptima ola les “había sorprendido”, algo incomprensible cuando no intolerable ya que muchos países y organismos habían advertido de la alta contagiosidad de la variante omicron. En este sentido, la portavoz de Sanidad ha recordado que lamentablemente el covid lleva ya casi dos años entre nosotros, así que la “improvisación no cabe en un Gobierno. Se han vuelto a equivocar en esta séptima ola, hay que prever, atraer profesionales sanitarios, mimar la Atención Primaria y vigilar la Hospitalaria, todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Aragón”, lo que pone de manifiesto la incapacidad de gestión manifiesta y reiterada del Ejecutivo de Lambán.

La diputada popular ha señalado lo evidente, la Atención Primaria es la puerta de entrada al Servicio Público de Salud y a pesar de la advertencia de los propios profesionales y del Partido Popular, el departamento ha permitido una situación de colapso porque “no han contado con los medios suficientes ni personales ni materiales”, además de cerrar consultorios médicos en el medio rural. Lo mismo ocurrió con la Hospitalaria que llegó al límite en esta séptima ola sin que el Gobierno de Aragón pusiera los medios necesarios.

“Van fallo tras fallo, y esta séptima ola ha dejado en evidencia la incapacidad del Gobierno” ha concluido Marín quien ha lamentado, una vez más, que el Gobierno de Lambán vaya siempre por detrás de la realidad.

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, anunció el pasado 27 de octubre en Teruel la intención de la compañía que dirige de instalar 65 cajeros automáticos en Aragón, 10 de ellos en la provincia de Teruel, para combatir la despoblación y la exclusión bancaria en pequeños municipios que hoy no disponen de ese servicio. Una medida que fue acogida con esperanza por parte del territorio.

Faltaba por conocer las condiciones para la implantación de esos cajeros pero ya son públicas. Los municipios seleccionados que accedan a la instalación de este servicio deberán abonar 850 euros mensuales, habilitar un emplazamiento para la ubicación de los cajeros y facilitar conectividad eléctrica y de Internet. En compensación por ello, Correos abonaría al Consistorio 0,20 euros por cada operación que se realizara en ellos.

El presidente del Partido Popular de Teruel y alcalde de Lidón, Joaquín Juste, ha denunciado las condiciones impuestas por la empresa pública. Lo ha hecho tras ser una de las localidades seleccionadas y tras conocer las condiciones, que ha tildado como una “tomadura de pelo”. “En los pueblos somos pocos pero no somos tontos”, ha incidido.

Con los datos económicos en la mano, Juste ha señalado que su municipio, que actualmente tiene 57 habitantes censados, necesitaría realizar un total de 140 extracciones diarias para que este servicio no fuera deficitario. Una posibilidad utópica en la actualidad.

También ha subrayado el máximo responsable de los ‘populares’ en la provincia que Lidón cobra actualmente 830 euros por parte del Gobierno central y en concepto de la participación de sus habitantes en los impuestos del Estado. Si accediera a suscribir ese convenio con Correos, debería abonar 850 euros. Es decir, “por la instalación de un cajero me piden más dinero de lo que recibimos para financiar todas las competencias propias del Ayuntamiento”.

Esta situación pone de manifiesto para el máximo responsable de los ‘populares’ la política desarrollada por el Ejecutivo central y sus responsables, caracterizada por “fotos, mucha imagen y venta”, pero que al profundizar “no hay nada”. En ese sentido, se ha mostrado a favor de establecer servicios en el territorio, pero “no en las condiciones propuestas”.

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN

En el afán de acabar con la exclusión financiera del territorio aragonés, el Ejecutivo regional firmó un convenio con Correos el pasado 13 de julio de 2021, en el que se abordaba también esta cuestión. Lo hacían en la cláusula sexta, en la que se indicaba que “el Gobierno de Aragón impulsará en el marco de sus relaciones con las distintas provincias, comarcas y municipios de Aragón, que Correos pueda establecer cajeros automáticos especialmente en los municipios donde no operen oficinas de entidades financieras, para lo cual Correos deberá firmar el oportuno convenio de colaboración, siempre con pleno respeto a la legislación vigente, con las entidades locales que se adhieran voluntariamente a este convenio marco”.

Para intentar revertir la situación, Juste ha anunciado que el Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón en la que se inste al Gobierno de España a habilitar los “medios necesarios” para que los municipios de menos de 1.000 habitantes tengan acceso a cajeros automáticos con “costes asumibles”. Asimismo, reclaman al Ejecutivo regional que revalide el convenio firmado con Correos para que, como empresa pública que es, establezca servicios con remuneraciones “proporcionadas” para “poderlos implementar en los municipios con poca población”.

Todo ello porque Juste considera que, con esta medida, se observa en la empresa pública un “afán de lucro” muy notable. Si se establecieran en los 1.500 pueblos anunciados, esta actuación supondría unos ingresos anuales de 15 millones de euros por parte de los ayuntamientos de los municipios más pequeños. “No entendemos que lo haga así una empresa pública”, ha recalcado el presidente del PP, preguntando a su vez “dónde queda la responsabilidad social corporativa de Correos”.

El secretario general del Partido Aragonés Alberto Izquierdo ha defendido que «hay que trabajar para que la provincia de Teruel tenga médicos pero también para que se mantengan los servicios bancarios en el medio rural y atender a los mayores que sufren los efectos de la brecha digital».

Izquierdo se ha pronunciado así sobre las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, en las que mezclaba, de manera desafortunada a su juicio, ambos problemas para quitarle importancia a este último: «Solo lleva a la confusión de la población y muestra desconocimiento sobre una realidad que viven muchas personas, mayores pero también más jóvenes en el medio rural donde la banca está cerrando muchas sucursales» ha subrayado.

«Decir que como faltan médicos en el hospital de Teruel, como en otros hospitales pequeños de otros lugares de España, son menos importantes los problemas que sufren las personas mayores con los bancos es mezclar dos cosas que nada tienen que ver, porque son distintas las entidades que tienen que ofrecer soluciones» ha advertido el secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo.

Por ello ha reiterado que ambos «son problemas reales, que cada uno en sus competencias debe solucionar, también la banca en la parte que les corresponde, haciendo un esfuerzo porque las personas no sean solo números y balances de pérdidas y beneficios».

«La exclusión financiera, para las personas mayores y para aquellas que ya no tienen una sucursal cercana y dependen de otras personas para poder realizar sus trámites es un problema real, en una sociedad cada vez más digitalizada» ha recordado, por lo que cree que es necesario que la banca, como agente implicado, «le de la dimensión que tiene al problema».

CEPYME Aragón rechaza la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022, un acuerdo cerrado sin el apoyo de las organizaciones empresariales, pese a ser parte imprescindible de la paz social.

La organización empresarial aragonesa respalda así la postura tomada por CEPYME nacional yconsidera que, en un contexto económico de incertidumbre en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio hasta 2023, no es el momento de tomar este tipo de medidas.

CEPYME Aragón quiere recordar que una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas, a lo que debe sumarse además el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro que están sufriendo las empresas.