El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Gobierno de Aragón por la adjudicación realizada por la consejería de Sanidad del Gobierno de Lambán en 2020 del contrato de transporte sanitario no urgente de Zaragoza y provincia. El TSJA ha anulado la formalización del lote 2 de ese contrato, firmado el 12 de febrero de 2020, y exige que se le abone la indemnización correspondiente.

Dos empresas que no resultaron adjudicatarias de ese contrato, Transport Sanitari de Catalun-ya S.L.U., y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A. (TASISA), recurrieron la formalización irregular del contrato por el que se adjudicaba a Transalud el servicio de transporte sanitario no urgente (también denominado programado) de Aragón. Concretamente, lo que recurrieron fue el llamado lote 2, que era el que correspondía a Zaragoza y provincia y que supuso un coste de 25 millones de euros. Los denunciantes mantuvieron que el contrato incurrió en diversas irregularidades: se formalizó fuera de plazo y se firmó a pesar de la falta de acreditación de la disponibilidad de medios materiales de la UTE adjudicataria, siendo “un requisito esencial de solvencia”, según consta en la sentencia.

Las condiciones del contrato exigían que antes de la firma del mismo “el licitador adjudicatario debe disponer de la totalidad de vehículos ofertados”. “Esto no se hizo –añade la sentencia actual en sus fundamentos jurídicos- antes bien, se verificó que el adjudicatario no disponía de los vehículos comprometidos y optó por diferir el inicio de la prestación a tres meses después”.

Las empresas no adjudicatarias recurrieron a la Consejería de Sanidad en mayo de 2020 y la Administración rechazó el recurso interpuesto, “negando la concurrencia de irregularidades invalidantes en la formalización del contrato”. Ante ese rechazo, Transport Sanitari de Catalunya y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, órgano judicial que ahora ha fallado a su favor.

Actualmente, ya se han redactado los pliegos para el nuevo contrato del transporte sanitario no urgente y se encuentran en fase de intervención, para ser aprobados a lo largo del próximo mes de febrero.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha visitado esta mañana la Residencia de personas mayores de Utrillas y ha podido comprobar cómo serán las dos unidades de convivencia que resultarán de sus obras de reforma. El proyecto tiene un presupuesto de 1.520.120,00€, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses; comenzó el pasado 31 de julio de 2023 y ahora mismo está avanzada casi al 50%.

Las obras comprenden la creación de dos unidades de convivencia en el ala izquierda de la Residencia, que estaba en su estado original, con un pasillo muy estrecho, rampas poco accesibles y habitaciones que no cumplían con la normativa vigente. Ambas unidades cuentan con sus propios comedores y zonas de estar y están diseñados conforme a los estándares del modelo de atención integral centrada en la persona.

“Cuando nos centramos en la persona somos capaces de ofrecer oportunidades y apoyos para que cada cual pueda desarrollar sus capacidades, tener control sobre su vida cotidiana y, en consecuencia, sentirse mejor”, ha explicado Susín.

Por zonas, en la planta baja se están ampliando las dependencias para crear un aula de informática, un gimnasio y una zona de fisioterapia. En la planta primera se están construyendo nueve habitaciones individuales y dos dobles para atender 13 residentes, mientras que en la planta segunda se hacen cinco nuevas habitaciones y otra doble que se suman a otras dos habitaciones dobles y otra individual en la zona central de la residencia, que se reformó hace 6 años.

También se ha propuesto una mejora de la eficiencia energética y una vez concluyan las obras de las unidades de convivencia se acondicionará el espacio ajardinado de la residencia. Ahora mismo en la residencia hay 27 usuarios y la capacidad total ronda las 50 plazas.

“Se están transformando la mentalidad, la gestión, la organización y los roles de los servicios sociales”, ha señalado Susín, que ha recordado que el Gobierno tiene como prioridad que los servicios sociales que se prestan en Aragón –sean públicos, concertados o privados– cumplan con “los estándares de calidad más exigentes” y procuren “la mejor de las atenciones a todos los aragoneses que la necesitan, vivan donde vivan”.

Los servicios sociales en el territorio, una prioridad

La visita de la Consejera a la capital administrativa de las Cuencas Mineras ha comenzado con la recepción en el Ayuntamiento por el alcalde, Joaquín Moreno. Tras firmar en el Libro de Honor, la comitiva ha acudido a la inauguración del Centro de Día de la localidad, que toma el nombre de Manuel Beltrán. Se trata de un vecino de Utrillas de 92 años, carpintero de profesión, acompañado por su mujer, Pilar, conocidos por su compromiso con la conservación del patrimonio industrial y minero del municipio: el propio homenajeado ha sido el encargado de descubrir la placa del nuevo centro.

Por último, la consejera Susín ha podido conocer el funcionamiento y el trabajo de los profesionales que atienden el Servicio de Atención Temprana, que entró en funcionamiento el pasado mes de noviembre y que atiende a niños y niñas de 0 a 6 años en Cuencas Mineras. Se trata de especialistas en psicología, fisioterapia, logopedia y audición y lenguaje de la Fundación Atención Temprana, entidad adjudicataria del servicio, que se desplazan todas las semanas hasta Utrillas para apoyar con sus actividades a menores con dificultades en el desarrollo o que se encuentran en riesgo de padecerlas, así como a sus familias.

Los responsables de Aragón Plataforma Logística (APL), encabezados por el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, realizaron una visita a la Plataforma Logística de Teruel (Platea), que recientemente completó las obras de ampliación de su terminal ferroviaria. La intervención, con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros, busca homologar la infraestructura al estándar europeo y eliminar las restricciones en el tráfico de mercancías.

La actuación, llevada a cabo por la UTE Paobal Albalate e Infraestructuras Trade y Vialex, no solo amplió la estructura para los convoyes de 450 a 750 metros, sino que también incluyó la construcción de un acceso rodado a través de un vial que conecta una de las glorietas de Platea con la terminal ferroviaria. Además, se erigieron medidas de seguridad como un vallado, iluminación y una plataforma de maniobras, junto con una calle de acceso para camiones desde una rotonda interior de la plataforma.

Este impulso no solo busca favorecer el tráfico ferroviario en Platea, sino que también tiene un impacto positivo en la descarbonización del transporte de mercancías por carretera, alineándose con los objetivos del Gobierno de Aragón en materia de transporte.

La mejora se complementa con la finalización de los trabajos de alumbrado en la plataforma, con una inversión adicional de 642,000 euros. Este paso refuerza la infraestructura y contribuye a hacer de Platea un actor competitivo en el ámbito logístico, facilitando un mayor porcentaje de transporte a través del ferrocarril.

El consejero Octavio López destacó la apuesta del Gobierno de Aragón por el desarrollo de infraestructuras en la región, subrayando la importancia estratégica de Teruel en la futura autopista ferroviaria de Algeciras y el Corredor Mediterráneo.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, expresó su satisfacción por la conexión entre la terminal ferroviaria y la plataforma logística, agradeciendo a Aragón Plataforma Logística y al consejero Octavio López por su impulso en este proyecto.

Platea, un Centro Logístico Estratégico con Perspectivas de Crecimiento

Con estas mejoras, Platea se consolida como un referente logístico en el sur de Aragón y busca establecer sinergias con el área mediterránea, especialmente con el puerto de Valencia. Las inversiones realizadas a lo largo de 2023 han dotado a la plataforma de la funcionalidad necesaria para convertirse en un centro de inversión y desarrollo empresarial destacado.

Aunque aún se deben determinar aspectos como el modelo de explotación de la terminal ferroviaria y la finalización de la modernización de la línea ferroviaria por parte de Adif, ya se han iniciado los movimientos empresariales en Platea. Un ejemplo es la alianza entre los grupos Finsa y Adeo, que han seleccionado Platea para establecer una planta de fabricación de piezas mecanizadas y componentes de muebles de cocina. Este proyecto, con una inversión superior a los 75 millones de euros, generará empleo directo e indirecto, contribuyendo al crecimiento económico de la región.

Estas inversiones y mejoras subrayan el compromiso de la sociedad pública APL y del Gobierno de Aragón con el desarrollo económico sostenible, consolidando a Platea como un centro logístico estratégico. La expansión de la terminal ferroviaria, junto con la llegada de nuevos proyectos empresariales, posiciona a Platea y a otras plataformas logísticas aragonesas como referentes en el sector, atrayendo inversiones y generando empleo en la región.

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha emitido una resolución a favor de la Asociación de madres y padres de Alumnos y Alumnas «Aldea de Caneto» del Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) «La Fueva», así como de catorce padres adicionales. La medida cautelar concedida se opone a la decisión del Departamento de Educación de la DGA de cerrar las aulas en la localidad de Caneto, ubicada en Huesca.

En su auto, hecho público en la mañana de hoy, la Sala Contencioso Administrativo determina que se deben «mantener las condiciones de prestación del servicio educativo anteriores al 7 de noviembre de 2023, en interés de los menores y de los usuarios de las escuelas». Además, el tribunal establece una contracautela que considera «imprescindible». Esta contracautela requiere que la Administración demandada informe en un plazo de 15 días, desde la notificación del auto, acerca de los defectos en las instalaciones relacionados con la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, salubridad, y los requisitos de protección laboral que no se cumplen según la legislación vigente.

En su resolución, los magistrados destacan varios argumentos, señalando que la escuela en cuestión ha estado proporcionando servicios educativos durante cinco cursos, y subrayan la contradicción de la Administración al alegar que la escuela no existe para el Departamento, a pesar de haber asignado al menos dos profesores, uno de infantil y otro de primaria, cada curso durante ese período, como se ha documentado.

Además, los magistrados resaltan la falta de informes durante la tramitación de la queja ante el Justicia de Aragón. Mencionan que los informes presentados por la Administración en sus alegaciones no son consistentes, ya que algunos indican que el lugar no es suelo urbano, mientras que otros informes locales contradicen esta afirmación, abordando la disponibilidad de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, red de saneamiento, telefonía y telecomunicaciones.

La resolución destaca el derecho de los interesados, como el Ayuntamiento de La Fueva y la AMPA, a conocer específicamente los defectos en las instalaciones o los requisitos incumplidos para que puedan ser subsanados o se busquen alternativas a la ubicación de la escuela. Los magistrados critican la decisión de la Administración de cesar en la prestación del servicio educativo sin resolver el expediente de autorización del centro docente, presuponiendo incumplimientos sin permitir su corrección.

Finalmente, el tribunal concluye su auto destacando la obligación de la administración de garantizar la prestación del servicio educativo en entornos de alta despoblación, sin desatender las necesidades especiales de dichos lugares. También resalta el alto número de niños en la escuela como un factor relevante que refuerza la decisión tomada en este caso.