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La Ponencia Especial “Paz para el pueblo saharaui” ha acordado por unanimidad una propuesta de declaración institucional desde Aragón

La Ponencia “Paz para el Pueblo Saharaui” de las Cortes de Aragón constituye desde su creación en el año 1996, un órgano parlamentario de apoyo y seguimiento de la situación del Sahara occidental. Un rasgo fundamental que caracteriza su papel y que, sin duda, representa el principal activo de su labor parlamentaria, es la unanimidad en la adopción de todos sus acuerdos, lo que le convierte en un órgano parlamentario de consenso.

En este contexto, la Ponencia en sus sesiones celebradas los días 26 y 28 de marzo de 2022 ha adoptado por unanimidad el acuerdo que se recoge en el cuerpo de la presente declaración, trasladándolo a la Mesa y Junta de Portavoces para su tramitación como propuesta de declaración institucional sobre el Sahara Occidental.

Por todo ello, las Cortes de Aragón, a propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces, asumiendo el acuerdo unánime de la Ponencia “Paz para el Pueblo Saharaui”, adoptan la siguiente:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Recuerdan los importantes acuerdos alcanzados en las Conferencias de los grupos interparlamentarios y en el seno de esta Ponencia, todas ellos en el marco de las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas hasta la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2602.

Manifiestan nuevamente el apoyo al pueblo saharaui y al Frente Polisario, como legítimo representante del mismo, así reconocido por la ONU y la comunidad internacional, actor sin cuyo concurso no se puede alcanzar una solución para la cuestión del Sáhara Occidental.

Reiteran su apoyo a la resolución del conflicto del Sahara Occidental en el marco del proceso de descolonización en base al más estricto cumplimiento del derecho internacional, a todas las resoluciones de la ONU y en consecuencia al ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, mediante referéndum con todas las garantías democráticas y respeto a los Derechos Humanos. 

Trasladan este acuerdo al Gobierno de España, le instan a secundar los esfuerzos de Naciones Unidas para garantizar un acuerdo entre las partes, enmarcado en las resoluciones de la ONU y que cumpla con la legalidad internacional.

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