La consejera de Sanidad, Sira Repollés; la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, han acordado la emisión de una orden conjunta a través de la que se establecerán medidas de control para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y salud en la próxima campaña de recogida de la fruta en Aragón.
La orden obligará a los empleadores a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales antes del inicio de la campaña, a través de la presentación de una declaración responsable. En ella, el empleador se comprometerá expresamente al cumplimiento de las condiciones y requisitos laborales y sanitarios exigibles y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.
Asimismo, el empleado solo podrá desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y donde figure su domicilio.
La orden incorporará como anejo una revisión de la Guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones agrícolas, que se enviará en los próximos días a las organizaciones agrarias y sindicatos para que el sector pueda hacer sus aportaciones.
La intención del Gobierno de Aragón en relación con la próxima campaña de fruta –cuyo núcleo se centra en los meses de julio y agosto-, pasa por la firmeza en la exigencia del cumplimiento estricto de las obligaciones laborales que, como empleadores, tienen los agricultores con independencia de la dimensión de su actividad. “Todos ellos, grandes, medianos y pequeños están sometidos al cumplimiento de las mismas leyes y es necesario evitar que vuelvan a repetirse los problemas de la anterior campaña”, han coincido los tres consejeros en la reunión mantenida hoy en el Departamento de Sanidad.
Para ello, el Ejecutivo autonómico intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.
Como en el resto de las actividades económicas del ámbito privado, son los empleadores quienes tienen la responsabilidad y la obligación de adoptar los medios y medidas necesarias, no sólo para llevar a cabo la actividad productiva, sino para que dicha actividad cumpla con las exigencias legales en seguridad y salud.
El apoyo público en favor del sector frutícola, lo mismo que para cualquier otro sector productivo, será a partir de la acreditación expresa del cumplimiento fehaciente de las obligaciones laborales, incluyendo la seguridad, salud y el alojamiento de los trabajadores desplazados.
La recogida de la fruta, al igual que el resto de actividades incluso esenciales, deberá adaptarse al contexto sanitario que la situación epidemiológica determine en cada momento y colaborar con las autoridades, sabiendo que el desarrollo de la actividad puede quedar condicionado.
Cabe llamar a la responsabilidad y prudencia más elementales para que, en ningún caso, se efectúen llamamientos públicos que, como ocurrió el año pasado, ni siquiera respondan a necesidades reales de trabajo ni a las posibilidades de alojamiento. “Es preocupante que ya se hayan empezado a dar cifras irreales de 30.000 empleos, que ni siquiera se necesitarán en plena campaña durante los meses de julio y agosto”, ha señalado el consejero Olona.
