Con la intención de proteger el modelo familiar de agricultura, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha iniciado la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón mediante un documento que ya se encuentra publicado en el Portal de transparencia del Gobierno de Aragón.
La agricultura familiar es el modelo sobre el que se asienta fundamentalmente la producción de alimentos en Aragón, siendo uno de los pilares que sostiene nuestro medio rural y que configura nuestro territorio.
Si sobre el modelo agrario familiar ya pesaban graves amenazas antes de la crisis del COVID-19 debido a sus mayores dificultades que otros modelos de carácter corporativo para el acceso al capital, a los mercados globales, a los conocimientos y a la tecnología, estas amenazas podrían verse ahora recrudecidas en un escenario de previsible caída general de la demanda y consiguiente exceso de oferta.
“Habiendo quedado demostrada la fortaleza y fiabilidad de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento a toda la población en una situación tan difícil como la que está suponiendo el estado de alerta y confinamiento sanitario, toca prepararse ahora para asegurar también la supervivencia de todos y cada uno de sus eslabones, sobre todo el de los más débiles y entre ellos las explotaciones familiares ante la crisis económica que viene tras la sanitaria” ha manifestado el consejero Olona.
Asimismo, se hace imprescindible revisar los instrumentos clásicos de apoyo público a las infraestructuras de carácter comunitario que han permitido incrementar la competitividad de las explotaciones de carácter familiar en las últimas décadas, tales como las inversiones en regadíos y concentraciones parcelarias. Su adaptación resulta imprescindible no sólo porque sus fundamentos jurídicos datan de hace 50 años y se precise ajustarlos a la realidad socioeconómica actual, sino porque es imperativo que respondan con eficacia a los retos sociales y económicos que ahora tenemos que enfrentar. Esta adaptación incluye también al propio Patrimonio agrario del Gobierno de Aragón, regulado en estos momentos por una Ley de 1992, para convertirlo en una herramienta útil que permita ponerlo a disposición de los profesionales agrarios, así como de los jóvenes u otros posibles colectivos que deseen incorporarse al sector.