Más de 200 interinos en fraude de ley (con más de tres años en abuso de temporalidad) y el sindicato STEPA han presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el Decreto 75/2022 del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la oferta de empleo público para estabilizar al personal temporal de la DGA. El recurso denuncia el flagrante incumplimiento de la Ley estatal 20/2021, ya que las plazas convocadas apenas suponen el 15% de las que obliga la norma: 571 en lugar de 4.089, una cifra de interinos que por primera vez ha sido reconocida por el propio director general de la Función Pública, Esteban del Ruste, y que coincide con los cálculos que en su día hizo públicos STEPA. Eso en el ámbito exclusivamente de la Administración general, ya que si se añade Sanidad y Educación la cifra se dispararía hasta los 17.000 temporales en fraude.
La Ley 20/21 obliga a todas las Administraciones públicas a convocar este año procesos extraordinarios de estabilización para el personal en abuso de temporalidad. Sin embargo, el Gobierno de Javier Lambán, al contrario que otras administraciones aragonesas como la Universidad de Zaragoza, la Diputación de Huesca o numerosos ayuntamientos, ha adoptado una postura totalmente restrictiva a la hora de cumplir su obligación, unida a la falta de transparencia en todo el proceso.
Así, la norma fija dos procedimientos para acceder a una plaza fija: quienes lleven más de seis años en su puesto, por concurso de méritos (sin oposición) y entre tres y seis años, por un concurso-oposición no eliminatorio. Según los últimos datos oficiales publicados, en la Administración General autonómica hay 11.924 plazas, de las que 4.529, el 41%, corresponden a personal temporal. De esta última cifra, más de 4.000 trabajadores cumplen las condiciones para ver estabilizada su plaza. Hasta 3.500 plazas (sobre el 82% de las víctimas del abuso) deberían ofrecerse en el concurso excepcional de méritos y el resto (otras 500) por concurso-oposición, según STEPA. Sin embargo, el número convocado ha sido, respectivamente, 307 y 264, en total 570. Una oferta que el sindicato aragonés califica de “ridícula e impresentable”.
AMPLIAR EL DECRETO A TODAS LAS PLAZAS EN ABUSO
La cifra de 4.000 trabajadores temporales ha sido admitida por el director general de la Función Pública, que respondiendo a una solicitud de información pública presentada por STEPA sobre el proceso de estabilización señala: “Plazas disponibles por estar vacantes u ocupadas por personal interino (funcionarios) o temporal (laborales) y no existir reserva de plaza a favor de personal fijo: 4.089”.
Del Ruste justifica en su escrito que el resto de plazas se estabilizarán mediante otras convocatorias ya en marcha. Pero la Ley 20/21 establece claramente que todas deben incluirse en el proceso extraordinario, para que precisamente los temporales en fraude tengan más opciones a lo hora de optar a la fijeza. Además de percibir una pequeña indemnización por cese en el caso de que no lo consigan, algo que no se contemplaba hasta ahora.
De la forma que ha establecido la DGA el proceso se condena al paro y sin indemnización a muchos de estos trabajadores, la mayoría con décadas de experiencia al servicio de los aragoneses. Esto ha motivado la masiva denuncia, suscrita junto con el sindicato por interinos que han documentado cómo sus plazas deberían haber sido incluidas en el concurso extraordinario, así como por funcionarios de carrera que los apoyan. STEPA documentará como apoyo a la demanda los abusos de temporalidad cometidos en las diferentes secciones de la Administración autonómica.
El sindicato ha señalado que el objetivo de este recurso es ampliar el proceso de estabilización a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que bastaría una subsanación de errores, modificando el número de plazas. Los representantes de STEPA han señalado: “El Decreto es papel mojado, porque no cumple con las exigencias de la Unión Europea y no va a permitir el objetivo de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8%, pero al menos debe cumplir con la Ley 20/21”.
La denuncia presentada se dirige contra el Decreto 75/2022, por el que se convocó la oferta de plazas de estabilización en la Administración general autonómica. Pero además, se han recurrido igualmente los decretos 76 y 77, que en la misma fecha aprobaron las convocatorias propias de personal docente no universitario y del Servicio Aragonés de Salud, en donde se repite la misma situación, con otros 13.000 afectados más. Todos los recursos han sido preparados por el bufete del prestigioso abogado Javier Arauz. Especialista en la lucha jurídica de los derechos de estos trabajadores y cuyas acciones han motivado sentencias europeas determinantes para los cambios que se están produciendo en la legislación española, si bien todavía insuficientes para la transposición de la Directiva Europea que los protege.
“NI TRANSPARENCIA NI JUSTICIA”
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha recalcado que se ha llegado a esta situación por el incomprensible empecinamiento del Gobierno de Aragón, y en particular del director general de Función Pública en no reconocer los derechos de sus trabajadores, “negando la mayor, en un proceso de oscurantismo y trampas y sin ninguna transparencia ni justicia”.
De este modo, destaca que Del Ruste no ha facilitado las informaciones que se le han requerido, como las actas de la Mesa Sectorial donde se aprobó la oferta de plazas, los informes jurídicos en los que supuestamente se ha basado el decreto o el listado de los trabajadores autonómicos con su antigüedad, “que son fáciles de obtener y no genera ningún problema con la protección de datos”.
A pesar de la falta de transparencia, más de mil personas afectadas y que cumplen con los requisitos que propone la Ley han enviado ya a STEPA información laboral que refleja las décadas de abuso de temporalidad. “Estamos convencidos de que toda esta información será una prueba irrefutable y los jueces verán el abuso sistemático y el empecinamiento irracional de este Gobierno en no cumplir la Ley, algo que no nos sorprende teniendo en cuenta que el director general de Función Pública ya dijo que le repugna mentalmente”, afirman desde STEPA.
