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El Gobierno de Aragón modificará su Código Foral para consolidar los derechos de los aragoneses con discapacidad

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El Gobierno de Aragón se compromete a construir una sociedad inclusiva, apoyando la autonomía plena de las personas con discapacidad. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, expresó este objetivo durante una reunión con representantes de las 17 entidades que conforman CERMI Aragón. Enfatizó la importancia de que las instituciones brinden el apoyo necesario para que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos y gocen de autonomía en la toma de decisiones.

En este contexto, anunció que el 30 de enero se llevará al Consejo de Gobierno la reforma del Código de Derecho Foral de Aragón para adaptarlo a las modificaciones realizadas en el Código Civil en relación con las personas con discapacidad y sus derechos civiles. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil ha trabajado en esta cuestión durante los últimos dos años, y una vez aprobado en el Consejo de Gobierno, el anteproyecto de ley será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

La jornada comenzó con una visita a Plena Inclusión Aragón y a la asociación «Los que no se rinden». Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de CERMI Aragón para un encuentro de trabajo. Se abordó el impacto de la reciente reforma constitucional del artículo 49, que sustituyó la expresión «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» por «personas con discapacidad». Esta modificación, propuesta por CERMI en 2018, fue destacada como un avance significativo por la consejera.

Carmen Susín resaltó que uno de cada diez aragoneses convive con alguna forma de discapacidad, y cualquier medida que mejore su calidad de vida es positiva. La reforma constitucional se considera un paso más allá de un simple cambio léxico, ya que implica un reconocimiento más inclusivo y respetuoso para los cuatro millones de españoles con discapacidad.

La consejera subrayó que en casi el 20% de los hogares aragoneses hay una persona con discapacidad, aproximadamente 117,000 personas. Destacó que la reforma constitucional permite abordar sus necesidades y reivindicaciones, ofreciendo oportunidades para plantear mejoras en diversos ámbitos.

La reunión tuvo como objetivo establecer los retos inmediatos y a medio plazo para las entidades de discapacidad en Aragón. Se recordó el acuerdo firmado en diciembre de 2023 entre el Gobierno de Aragón y CERMI para el desarrollo de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en la región. Este acuerdo, con una vigencia de cuatro años, busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante la colaboración entre el Gobierno y las entidades representadas por CERMI.

El documento incluyó la creación de una Comisión de seguimiento de las políticas integrales de discapacidad en Aragón, que se reunirá el 5 de febrero para garantizar el diálogo continuo entre las entidades y el Gobierno. La coordinación de esta comisión recae en la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia, quien reafirmó el compromiso de trabajar por el mejor modelo de inserción para el colectivo en todos los ámbitos.

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