Forestalia ha iniciado la tramitación de ocho parques fotovoltaicos previstos en la zona de Campo Romanos (Comarca de Campo de Daroca) y en la Comarca del Jiloca, en las provincias de Zaragoza y Teruel. Estas instalaciones suman 390 megavatios (MW), con un presupuesto que ronda los 270 millones de euros, y beneficiarán a los municipios de Langa del Castillo, Torralbilla, Mainar, Nombrevilla, Villarroya del Campo, Romanos, Badules y Burbáguena.
Se estima que las obras de construcción de los parques supondrán la generación de más de 1.000 empleos, además de medio centenar para su posterior explotación y mantenimiento. Forestalia dispone ya de los acuerdos necesarios con los propietarios de los terrenos donde se prevén ubicar las ocho plantas fotovoltaicas. El objetivo es que puedan iniciarse las obras de construcción de los parques en cuanto se obtengan las autorizaciones administrativas.
El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha entregado hoy los proyectos a los representantes de los siete municipios beneficiados, en un encuentro celebrado en Romanos, con la asistencia del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y de la presidenta de la Comarca Campo de Daroca, Ascensión Giménez.
Las ocho plantas evacuarán a la nueva subestación eléctrica de 400 kilovoltios (kV) que está construyendo Red Eléctrica de España (REE) en Cariñena, una instalación que será clave para avanzar en la electrificación del eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto.
Las plantas fotovoltaicas forman parte del paquete de 6.000 MW de energías renovables proyectados por Forestalia en todo Aragón, todos ellos ultimados para su tramitación ante las administraciones. Recientemente, Forestalia y el fondo de infraestructuras CIP anunciaron un acuerdo para desarrollar más de 1.000 MW eólicos, dentro de este paquete. Se estima que el desarrollo de los 6.000 MW puede generar en torno a 25 mil empleos en la fase de construcción de los parques fotovoltaicos y eólicos, y casi un millar de empleos estables para la fase de explotación, durante las próximas tres décadas. Mediante estas inversiones, el territorio aragonés se beneficiará con unos ingresos a través de la recaudación de tasas e impuestos locales y autonómicos de cerca de 1.000 millones de euros, distribuidos a lo largo de la vida útil de las instalaciones.
