Más de doscientos automóviles han recorrido hoy en caravanas el centro de Zaragoza y Huesca para volver a reclamar una reforma legal que estabilice en sus puestos a los miles de empleados públicos que han sobrepasado el máximo legal de tres años de interinidad por lo que trabajan en fraude de ley y las Administraciones deben ser sancionadas, como ya ocurre con las empresas privadas.
Las protestas, para así adaptarse a las medidas sanitarias, han llenado de automóviles con pancartas y globos amarillos y negros y pitidos algunas de las calles más transitadas. Además, en Zaragoza el recorrido se ha completado con una concentración en la entrada del Paraninfo de la Universidad, en donde representantes de los distintos colectivos afectados han explicado que la Administración incumple la legislación europea y practica el despido libre y gratuito que prohíbe en el sector privado. Con lemas, como «Somos personas, no números» han pedido a los responsables políticos aragoneses que atiendan sus reivindicaciones ante el problema de los empleados temporales en fraude de ley como «la solución más justa y a coste cero». Por ello, solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
Con el lema principal de «Contra la precariedad laboral en el sector público», las Caravanas de la Precariedad han abogado por una reforma legal que equipare a los interinos y temporales víctimas de esta situación (más de 17.000 en Aragón, según la estimación del sindicato STEPA), asimilando sus condiciones de trabajo a las de sus homólogos fijos, aunque sin llegar a una equiparación total, mediante su conversión en «fijos a extinguir». Igualmente se demandan medidas de inspección para que en el futuro se garantice la norma legal por la que la temporalidad en las administraciones públicas no supere el 8%, cuando ahora es del 47,1% en la DGA o del 30% en el Ayuntamiento de Huesca.
Los colectivos defienden que este es el mejor sistema para cumplir la normativa y jurisprudencia europea, que obliga a sancionar a las administraciones por el fraude que supone llevar años y hasta décadas sin convocar procesos selectivos en plazo y cubriendo plazas estructurales con contratos temporales. Se señala también las oposiciones convocadas en las diferentes administraciones, con el apoyo de los sindicatos mayoritario supondrían desaprovechar la experiencia de un colectivo que ha mostrado sobradamente su valor y un «despido legal y gratuito» que luego daría lugar a indemnizaciones millonarias en los Tribunales.
La movilización está organizada a nivel nacional por la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley – Movimiento #15F, con caravanas simultáneas de 11.00 a 12.00 horas en 27 capitales. En Aragón ha sido apoyada por STEPA (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón) y otras ocho formaciones –SOMOS (Alternativa Sindical Solidaria de Aragón), STEA (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón), Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón (CATA), Plataforma de Temporales del Ayuntamiento de Huesca (AytOsca), Médicos Eventuales de Aragón, Sindicatos de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), SF (Sindicato Ferroviario), y STOPEL (Sindicato de Trabajadores de Opel)- así como por la Intersindical ISTA.
En Zaragoza, la protesta ha salido del Campus Río Ebro de la Universidad, para pasar frente a la sede del Gobierno de Aragón en el paseo María Agustín, llegar a la plaza Basilio Paraíso, donde también se ha celebrado la concentración, y volver al punto de partida. En Huesca, los vehículos participantes, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones hasta la plaza Luis Buñuel, por las principales avenidas de la ciudad.
Las Caravanas de la Precariedad han unido a trabajadores de la Administración general autonómica, la Sanidad, la Universidad y la Administración local, en una muestra de la extensión del problema y cómo todos los poderes públicos aplican sin pudor prácticas de contratación que penalizan en la empresa privada.
Todas las Administraciones incumplen el porcentaje de temporalidad del 8%, especialmente la autonómica, que en Aragón cuenta con una plantilla de 30.192 trabajadores fijos (52,92%) y 26.855 temporales (47,08%); en el caso del sector de Salud, incluso el número de temporales supera al de fijos.
El número de empleados públicos en abuso de temporalidad, solo en la administración autonómica, supera los 17.000, según los cálculos de STEPA, es decir dos de cada tres temporales, que atienden plazas básicas en educación, sanidad y otros servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Estas personas se enfrentan al riesgo de perder su plaza tras años de dedicación, si no aprueban la correspondiente oposición, y sin derecho siquiera a indemnización, como sí ocurre en el sector privado.
