El acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox para la investidura de Jorge Azcón dibuja un cambio político de amplio alcance en Aragón. El documento, estructurado en 13 bloques, combina rebajas fiscales, una agenda muy dura en inmigración y seguridad, medidas de apoyo al medio rural y al sector primario, y una política de vivienda orientada a aumentar oferta y endurecer el acceso a quienes hayan ocupado inmuebles. Todo ello, además, con Vox entrando en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y tres consejerías, lo que convierte el pacto no solo en una alianza parlamentaria, sino en un verdadero gobierno de coalición.
La primera lectura del texto deja una conclusión clara: el acuerdo busca presentar a Aragón como uno de los territorios donde la derecha y la derecha radical pueden gobernar juntas con un programa compartido y explícitamente ideológico. El propio documento arranca con la idea de un “Gobierno de coalición único” y un compromiso de estabilidad durante toda la legislatura, con PP y Vox reivindicando una acción política asentada en la “unidad”, la “confianza mutua” y la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la mejora de la vida de los aragoneses.
Uno de los ejes más relevantes es el fiscal. El pacto plantea deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, incrementos en beneficios fiscales para familias, ventajas específicas para el medio rural, bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y rebajas en Actos Jurídicos Documentados. También incorpora la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones para el grupo II y la supresión del impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. La implicación política es evidente: PP y Vox quieren construir un perfil de gobierno basado en la bajada de impuestos, especialmente dirigido a familias, jóvenes compradores de vivienda y habitantes del mundo rural, aunque eso tensionará el debate sobre la merma recaudatoria y el equilibrio presupuestario.
Pero el bloque que marca con más claridad la impronta de Vox es el de inmigración. El texto recoge una batería de medidas de enorme dureza política y simbólica: rechazo a nuevos repartos de inmigrantes ilegales, plan de retorno y repatriación, pruebas de determinación de edad para inmigrantes, auditorías anuales del gasto vinculado a inmigración, endurecimiento del régimen interno de centros de menores, limitación del acceso a prestaciones sociales estructurales para quienes estén en situación irregular y prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos. También se reclama adaptar la legislación al nuevo Reglamento Europeo de Retornos. La consecuencia es que Aragón se situaría en la vanguardia del discurso restrictivo en materia migratoria, aunque una parte sustancial de estas medidas choca con competencias estatales o europeas y requerirá reformas normativas ajenas al Gobierno autonómico.
En seguridad y vivienda, el pacto también endurece el tono. Se propone publicar estadísticas sobre delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal, reforzar la cooperación municipal en el medio rural y mejorar la coordinación operativa en materia de seguridad. En vivienda, el acuerdo liga buena parte del discurso a la lucha contra la ocupación: reforma del padrón para combatir el fraude y la ocupación ilegal, aplicación firme del desahucio exprés, exclusión de los ocupas del acceso a vivienda pública y ayudas, y refuerzo del sistema judicial en Aragón. Al mismo tiempo, se plantea aumentar la oferta mediante una nueva política de vivienda, la construcción de 4.000 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura, un sistema centralizado y transparente de acceso y reformas fiscales para facilitar compra y rehabilitación. La implicación aquí es doble: una apuesta por la vivienda desde la óptica de oferta y propiedad, y un intento de convertir la ocupación en uno de los grandes campos de batalla políticos de la legislatura.
Otro de los grandes beneficiados en el pacto es el mundo rural. El documento insiste en combatir la despoblación, favorecer la actividad económica en pequeños municipios, simplificar trámites en el medio rural y reforzar la seguridad en las zonas más dispersas. Además, el sector primario ocupa un lugar central, con rechazo frontal a la reducción de fondos de la PAC, reforma de la Ley de agricultura social y familiar de Aragón, impulso del regadío, estudios para Biscarrués, nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro y un fondo de compensación frente a normativas comunitarias consideradas gravosas. El mensaje político es inequívoco: PP y Vox quieren consolidar una alianza social con agricultores, ganaderos y habitantes del Aragón menos poblado, convirtiendo el campo en uno de los pilares de legitimación del nuevo Ejecutivo.
En el plano medioambiental, sin embargo, el acuerdo deja entrever un cambio de prioridades. Aunque existe un bloque específico de medio ambiente, el enfoque que emerge del texto no es el de mayor regulación ecológica, sino el de revisión de cargas, apoyo a la producción y contestación a normas que puedan afectar al sector agrario o industrial. La supresión de impuestos medioambientales y el fondo frente a normativas comunitarias refuerzan esa idea. En términos políticos, eso anticipa una legislatura en la que la transición ecológica quedará subordinada al discurso de competitividad, desregulación y defensa de los sectores productivos. También se menciona en el pacto la protección del Maestrazgo frente a proyectos como el de Forestalia.
El acuerdo también tiene una dimensión institucional muy relevante: consagra la entrada de Vox de nuevo en el Gobierno de Aragón. El último punto del documento fija sus posiciones en el Ejecutivo, confirmando que la formación no será un mero socio externo, sino corresponsable directo de la gestión. Esa cesión de poder convierte a Aragón en otro laboratorio del entendimiento PP-Vox y obliga a Azcón a gobernar equilibrando dos necesidades a veces contradictorias: proyectar moderación institucional y, al mismo tiempo, cumplir un pacto con medidas de fuerte carga ideológica.
El pacto PP-Vox en Aragón no es un acuerdo técnico ni de mínimos. Es un programa de legislatura con una dirección política muy definida: menos impuestos, más dureza en inmigración, prioridad al medio rural, defensa del sector primario, mano dura contra la ocupación y presencia directa de Vox en el poder. Su alcance real dependerá de la capacidad del nuevo Gobierno para convertir en normas y decisiones ejecutivas un documento ambicioso, pero también condicionado por límites jurídicos, presupuestarios y competenciales. Ahí se jugará el verdadero significado del acuerdo: si queda en una declaración política de intenciones o si transforma de manera efectiva el rumbo de Aragón.
