El debate sobre los requisitos de la democracia parece eterno. No basta, ni de lejos, con que haya elecciones libres. Ha de haber también, por supuesto, obediencia de las leyes, sobre todo por parte de quien ostenta el poder. Que, como decía Kennedy, ningún hombre por prominente o poderoso que sea pueda desafiar la Constitución, las leyes o las sentencias de los jueces. Pero ha de haber además una Justicia independiente, control del Gobierno, libertad de prensa, transparencia y un reconocible “derecho a saber” que los ciudadanos han de poder ejercer con libertad y de manera efectiva. Nuestro ordenamiento jurídico parecía garantizar todo ello, pero, como luego hemos podido comprobar, no de manera suficiente, pues nadie previó que desde el poder pudieran desafiarse largamente las leyes. Nadie previó los mecanismos de coerción ni de castigo en el supuesto de que un presidente del Gobierno incumpla de manera recurrente, por ejemplo, el mandato constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos o se niegue a comparecer ante el Senado cuando es requerido.
Que existe un ocultamiento de la información por parte del Gobierno es una realidad contrastada por los hechos, pero que quizás no se haya percibido por la sociedad ni se tenga plena conciencia de la gravedad que reviste. Se han clasificado como secreto de Estado, invocando la Ley de Secretos Oficiales de 1968, viajes privados de miembros del Gobierno y sus familiares, se ha negado información sobre los desplazamientos en aviones oficiales, viajes a la República Dominicana, gastos vacacionales, uso privado de dependencias oficiales por amigos y familiares del presidente, la nómina de asesores de Moncloa… Y de asuntos seguramente más graves, como las negociaciones con Bildu y Puigdemont, el espionaje masivo del teléfono del presidente en el caso Pegasus y su relación con el cambio de política sobre el Sahara o las últimas decisiones sobre la frontera con Gibraltar.
En el año 2013 se aprobó la ley de Transparencia (bajo el gobierno de Rajoy) y un año más tarde se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, CTBG, una agencia independiente, que, como señala en su página web, en contra de lo que se podría deducir de su denominación oficial, no tiene atribuida ninguna competencia directa en materia de “buen gobierno”. Sí en transparencia. En efecto, son sus funciones garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y controlar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia impuestas a los organismos y las entidades públicas. Pero muy recientemente, el mes pasado, su presidente abogó en un foro público por la atribución de las potestades coercitivas necesarias para hacer que se cumplan sus resoluciones, seguramente por la constatación de que reiteradamente no se cumplen.
En efecto, una comparativa entre anteriores mandatos y éste en materia de Transparencia demuestra claramente la opacidad creciente del gobierno de Sánchez. Bajo el gobierno de Rajoy las reclamaciones ante el CTBG por no responder o denegar información tuvieron un máximo en el año 2017 con 890 casos. En el año 2025 se ha alcanzado el récord histórico con 1.778 reclamaciones estatales (excluyendo por tanto a autonomías y ayuntamientos). Pero según el Portal de Transparencia y de los medios que cruzan los datos del Gobierno se advierte que también el número de denegaciones de información (sin llegar a formular reclamación) se ha multiplicado con este gobierno, pasando de las 170 denegaciones directas de solicitudes de información en 2017, bajo el gobierno de Rajoy, a las 533 denegaciones en el año 2022 o las casi 400 del primer semestre del año 2025. En todos los casos existe un patrón de comportamiento, el Ejecutivo recurre al silencio administrativo sin que haya denegación expresa (45 % de las reclamaciones), al “secreto de Estado” o a fallos técnicos en el Portal de Transparencia para bloquear el acceso. Todo ello, sumado a los numerosos escándalos que se van sucediendo, ha hecho que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional registre su peor dato desde hace tres décadas para nuestro país.
Es más que evidente, creo, a la vista de estos datos, que los estándares de calidad democrática de nuestro país se han deteriorado de forma dramática bajo el gobierno de Sánchez, el que accedió a la presidencia enarbolando la bandera de la regeneración y la lucha contra la corrupción. Hay muchas reformas necesarias, también en este ámbito: reformar la Ley de Secretos Oficiales, que procede del régimen anterior, y dotar al CTBG de esas facultades coercitivas que reclamaba su presidente, entre otras. Veremos que el próximo gobierno, que espero que no esté presidido por Sánchez, tiene la determinación de acometer esas reformas.
Julio Calvo Iglesias
Exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza
