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Aragón conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas

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Aragón conmemora este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, redoblando sus esfuerzos en la lucha contra esta lacra mundial. El Ejecutivo lanza un manifiesto y una campaña de sensibilización para recordar a la ciudadanía aragonesa que esta realidad afecta a más de 2,5 millones de personas en el mundo y que, pese a ello, “continúa siendo una realidad muy invisibilizada”. Por ello, durante esta legislatura se va a trabajar en tres ejes fundamentales: la formación de profesionales, la elaboración de materiales didácticos y el apoyo a proyectos destinados a su prevención, erradicación y abordaje integral y especializado. 

El Plan Director de la Cooperación Aragonesa al Desarrollo (2020-2023) contempla la trata de personas como una de las prioridades sectoriales a atajar, dado que supone un ataque directo a los derechos humanos y las libertades de las personas y, además, presenta un fuerte componente de género, ya que dos terceras partes de las víctimas identificadas son mujeres. La mayoría acaban inmersas en redes de prostitución, de explotación laboral o de mendicidad, y sufren violencia diaria. 

De 2003 a 2019, la cooperación aragonesa ha aportado 2.038.796 euros a programas en materia de prevención y abordaje especializado de la trata de personas en diversos rincones del mundo. Este compromiso se refuerza hoy con el propósito de continuar apoyando proyectos en esta línea, tanto desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo como del Servicio de Inmigración, ya que las personas migrantes y refugiadas se consideran también víctimas potenciales de la trata de personas. Desde 2015, han llegado a Aragón casi 2.600 personas solicitantes de asilo y la Comunidad considera perentorio actuar en este ámbito especialmente en tiempos de pandemia. 

La campaña de sensibilización que se da a conocer hoy lleva por lema “Aunque no veamos las cadenas, no quiere decir que no existan” e irá acompañada por el impulso de la formación de personas expertas en la materia y la preparación de materiales pedagógicos que sirvan de herramienta tanto a las organizaciones como al estudiantado. De esta forma, se extenderá el conocimiento y la concienciación social acerca de este problema. Para el mes de octubre se han organizado las I Jornadas de formación que versarán sobre la trata de personas, si bien su celebración dependerá de las circunstancias sanitarias.

 “Desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón vamos a trabajar en la visibilización de esta cruenta realidad, en la sensibilización de toda la sociedad aragonesa ante los efectos perversos de la misma, en la colaboración con las entidades sociales que desarrollan proyectos en la materia y en la dotación de herramientas formativas para las y los profesionales que trabajan con esta realidad”, declara el manifiesto. “Este fenómeno constituye una manifestación extrema de la desigualdad, la violencia y el ataque frontal a los derechos de cientos de miles de personas en el mundo. Desde el Gobierno de Aragón, tenemos el compromiso de visibilizarla, combatirla y erradicarla con los instrumentos que tengamos a nuestro alcance”, añade la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo. 

Las redes de trata de personas utilizan a sus víctimas con fines de explotación sexual pero también les obligan a realizar trabajos forzados, incluso si son menores con una situación extremadamente vulnerable. Se calcula que casi la mitad de las víctimas de trata en el mundo son menores de edad. El Gobierno de Aragón asignó, en 2019, 47.000 euros a dos proyectos de la Fundación Cruz Blanca y de UGT para prevenir y abordar la trata con fines laborales. 

Otra de las organizaciones que ha sido asidua colaboradora de la cooperación aragonesa durante estos años es la Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza (España), con numerosos programas vinculados a la erradicación de la violencia y la igualdad entre sexos. Médicos del Mundo, por su parte, recibió una partida de 94.665 euros en 2017 y 150.000 euros en 2019 para sendos proyectos en Senegal y Bolivia. 

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