En una declaración realizada por Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, se resalta la importancia de que el Gobierno de Aragón lidere la solidaridad y apoyo a los Bancos de Alimentos de la comunidad. Susín destaca el compromiso necesario para respaldar a las personas más vulnerables, atribuyendo la actual incertidumbre al supuesto «desamparo» infligido por el Ejecutivo central a estas entidades a nivel nacional.

Uno de los primeros compromisos del presidente Azcón al iniciar su mandato fue respaldar económicamente a los Bancos de Alimentos de Zaragoza, Huesca y Teruel, proporcionando fondos en proporción a la población que atienden. Este año, por primera vez, el Gobierno de Aragón destina ayudas a los tres Bancos de Alimentos de la región, asignando 100,000 euros al Banco de Zaragoza y 50,000 euros a los de Huesca y Teruel cada uno. Según Susín, abordar los problemas cotidianos y tomar decisiones para apoyar a quienes más lo necesitan es una de las obligaciones fundamentales del Gobierno regional.

La consejera de Bienestar Social y Familia, acompañada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, visitó el Banco de Alimentos de Huesca para conocer de primera mano cómo se organizan y almacenan las donaciones. Esta iniciativa directa del Gobierno se ha vuelto crucial para mantener la labor de los Bancos de Alimentos, especialmente después de la incertidumbre generada por el trato dispensado por el Gobierno central una vez finalizado el programa europeo de ayuda a personas desfavorecidas (FEAD), que se integrará en el nuevo programa FES+.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está preparando un programa para modificar el sistema de ayuda alimentaria financiado por la Unión Europea para los más vulnerables. Este programa sustituirá el suministro de alimentos en especie por tarjetas monedero diseñadas para su uso directo en supermercados. Sin embargo, Bancos de Alimentos de todo el país han expresado su preocupación, advirtiendo que este nuevo sistema puede llevar a un cierre masivo de estas entidades. Además, se señala que las tarjetas están destinadas principalmente a familias con hijos a su cargo que viven en situaciones de pobreza o extrema vulnerabilidad, lo que podría dejar fuera a muchos colectivos que necesitan ayuda alimentaria en Aragón.

Los Bancos de Alimentos juegan un papel crucial como intermediarios entre particulares, empresas y entidades que donan alimentos no perecederos. Estos bancos también centralizan ingresos de tiendas y supermercados locales, permitiéndoles surtir alimentos según las necesidades de las familias a las que ayudan y evitando la caducidad de productos. El Banco de Alimentos de Huesca, por ejemplo, colabora con más de 30 entidades sociales en la provincia, buscando aumentar el número de voluntarios y expandir su impacto social.

La ‘lista de la compra’ del Banco de Alimentos a lo largo del año incluye legumbres, conservas de carne, atún y aceite de oliva. Además de las donaciones regulares, realizan campañas como la Gran Recogida, que el pasado noviembre recolectó 85,000 kilos de ayuda. El Banco de Alimentos de Huesca no solo se centra en alimentos, sino que también recibe productos de limpieza, artículos de higiene personal y cuidado infantil, ampliando así su apoyo a las comunidades locales.

La tensión entre el Partido Socialista y el Partido Popular continúa en las Cortes de Aragón. La situación que atraviesa la Comunidad respecto a las listas de espera, el día a día de las urgencias, las intervenciones quirúrgicas o la gestión de la epidemia de la gripe han vuelto a ser objeto de debate este lunes.

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, acusaba al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, del «colapso en la sanidad aragonesa». Pérez manifestaba sentirse «sorprendida», puesto que, a pesar del crecimiento de la estructura del Departamento de Sanidad, las soluciones a los «problemas reales de la sanidad aragonesa están cada vez más lejos»: «Si con el presupuesto más alto de la historia no saben gestionar la sanidad, qué pasará cuando el dinero tenga que reducirse», apuntaba, acusando al Partido Popular de «no creer en la Sanidad y utilizarla de manera partidista y para confrontar».

La socialista se refería a Azcón como «el presidente ausente» y le instaba a «ponerse a trabajar para que el colapso sanitario no vaya a más».

En línea con estas demandas, el Grupo Parlamentario Socialista solicitará la comparecencia del presidente como «responsable máximo del colapso sanitario» para que dé explicaciones y una PNL para impulsar la Iniciativa Aragonesa para la Sostenibilidad y la Eficiencia del Sistema Nacional de Salud “que puso en marcha el presidente Lambán y que el PP no solo criticó, sino que no quiso participar”.

Respuesta del Partido Popular, desde el Gobierno de Aragón

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en las Cortes, María Navarro, ha afirmado que la sanidad es una «prioridad absoluta» para el Gobierno de Jorge Azcón, que está trabajando duro, de la mano de los profesionales, para revertir el deterioro de los servicios públicos, «consecuencia de ocho años de nefasta gestión del PSOE, un deterioro que sufrió especialmente la sanidad aragonesa».

«Este Gobierno ha incrementado un 10 por ciento el presupuesto sanitario. En estos momentos, hay una Oferta Pública de Empleo para contratar a más de 1.000 profesionales. Además, este mes de enero, el Ejecutivo pagará los casi 21 millones de retraso de la carrera profesional y se ha revertido ya el recorte del servicio de ambulancias que dejaba sin transporte sanitario terrestre urgente a muchos municipios de Aragón por la noche y los días festivos», recordaba Navarro, asegurando que el PSOE «dejó una sanidad infradotada, con recortes en el presupuesto y con un deterioro claro». «Nosotros estamos trabajando desde el minuto uno para solucionar los problemas», sentenciaba.

La portavoz popular ha exigido «responsabilidad» a los socialistas, sobre todo a la hora de hablar de las listas de espera, ya que “nosotros no hacemos trampas sino que trabajamos para mejorar las cosas. Fue el PSOE quien dejó sin contabilizar a más de 900 personas en las listas de espera, esos son los datos reales que no quieren dar”.

La diputada ha asegurado, para concluir, que la sanidad “es la piedra angular” de este gobierno y por eso “hay más dinero y más planificación”.

El Gobierno de Aragón, a través de su departamento de consumo, ha llevado a cabo un exhaustivo control durante la reciente campaña de rebajas de invierno, realizando 819 inspecciones en las tres provincias. El objetivo principal fue supervisar la correcta comunicación de precios reducidos, resultando en un destacable grado de cumplimiento del 93%.

Los establecimientos fueron evaluados en aspectos cruciales, como la transparencia en la exhibición de precios, la duración y condiciones de venta. En este sentido, Aragón se destaca como una de las comunidades pioneras en la monitorización de precios en el comercio electrónico, contribuyendo así a la detección de posibles prácticas desleales.

Los resultados detallan que, de los 819 establecimientos visitados, el 67% anunció rebajas, cifra que asciende al 79% si se incluyen otras modalidades de promociones. Además, el cumplimiento de la exhibición del cartel con la duración del periodo ha experimentado un notable aumento, alcanzando el 72,68%, lo que representa una mejora del 5% con respecto al año anterior.

En este contexto, Antonio Villacampa, director general de Protección de Consumidores y Usuarios, ha destacado la importancia de estas medidas para garantizar la competencia en el sector y brindar información clara al consumidor. El éxito de la campaña refleja el compromiso de Aragón en salvaguardar los derechos de los consumidores y fomentar prácticas comerciales transparentes.

El diputado nacional del Partido Popular, Pedro Navarro, ha anunciado hoy la presentación de una serie de iniciativas en el Congreso de los Diputados relacionadas con la falta de efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional en la provincia de Zaragoza.

Según Navarro, en la provincia de Zaragoza, hay 222 plazas de Policía Nacional y 218 de Guardia Civil que aún no han sido cubiertas. El diputado ha solicitado la comparecencia urgente del director general de la Guardia Civil para obtener explicaciones sobre el cierre temprano de cuarteles y puestos, así como su cierre durante los fines de semana.

Navarro ha expresado su preocupación por el «repunte de la criminalidad y la falta de efectivos para abordarla». Ha exigido medidas «automáticas» para cubrir las plazas pendientes y ha llamado a la colaboración de los diputados del Partido Socialista, instándolos a ocuparse de los «problemas reales en la provincia».

Por otro lado, Ramón Celma, presidente provincial, ha destacado la «importancia de la seguridad en los municipios y la provincia de Zaragoza para abordar la problemática de la despoblación». Celma ha denunciado un «aumento del 24% en los índices de delincuencia en los últimos dos años solo en la provincia de Zaragoza», indicando que la falta de seguridad «afecta al libre desarrollo de derechos y libertades de los habitantes».

Celma ha subrayado la escasez de recursos, con solo 5 cuarteles de la Guardia Civil para atender los problemas de inseguridad en 293 municipios de la provincia. Concluyó su intervención llamando a garantizar que los pueblos sean «un hogar hostil para los delincuentes».

La falta de efectivos de seguridad en la provincia de Zaragoza, por tanto, ha generado preocupación en el Congreso, donde se pide una respuesta urgente para abordar el aumento de la criminalidad y garantizar la seguridad en los municipios de la región. La falta de personal y el cierre de cuarteles son señalados como causas fundamentales de la problemática, y se insta a tomar medidas inmediatas para cubrir las plazas vacantes y fortalecer la presencia policial en la zona.

Alberto Izquierdo, portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, ha expresado la firme oposición del Partido Aragonés a cualquier trasvase del río Ebro destinado al riego en Cataluña. Esta declaración surge como respuesta a las propuestas del consejero catalán de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, quien planteó la posibilidad de un minitrasvase de 5 hectómetros cúbicos de agua para garantizar el riego en la comarca del Priorato, con una inversión de aproximadamente 60 millones de euros, sujeta a la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Izquierdo manifestó su perplejidad ante la propuesta de la Generalitat de Cataluña y expresó su preocupación por la aparente naturalidad con la que se plantea el trasvase del Ebro para el riego en campos catalanes. Criticó la iniciativa, subrayando que «mientras Aragón enfrenta la escasez de agua y las obras pendientes del Pacto del Agua no avanzan, se contempla la posibilidad de trasvasar agua aragonesa para beneficiar a Cataluña».

Ante esta situación, el Partido Aragonés ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón, instando a todos los partidos a pronunciarse sobre este proyecto y solicitando al Gobierno de Aragón que se oponga de manera contundente al mismo. Izquierdo cuestionó la fuente de financiación de los 60 millones de euros propuestos por la Generalitat, sugiriendo que podrían provenir de los fondos que Pedro Sánchez destina a Cataluña en detrimento de otras regiones españolas.

Izquierdo denunció lo que percibe como una posible «traición a los aragoneses» por parte de Pedro Sánchez, sugiriendo que la relación entre el presidente del Gobierno y la Generalitat podría estar afectando las decisiones «en beneficio de Cataluña». También señaló el reciente cambio en la presidencia de la CHE y expresó incertidumbre sobre si este cambio podría favorecer a la Comunidad vecina. En última instancia, el portavoz del PAR destacó la «importancia de que los partidos se posicionen y voten sobre este asunto», evidenciando la creciente tensión en torno a la gestión del agua en la región.