La consejera de Presidencia y el ministro de Justicia en sintonía de cara a la entrada en vigor parcial de la Ley del Registro Civil

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La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha trasladado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, esta tarde en Madrid la preocupación de los ayuntamientos aragoneses y del personal de Justicia sobre la Ley de Registro Civil, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio. También se ha tratado en la reunión la necesidad de efectuar reformas legislativas para salvar las barreras en el objetivo de lograr la implantación efectiva de los expedientes electrónicos. En el caso del Registro Civil, el ministro ha indicado que va a haber una implantación paulatina, de acuerdo con todos los operadores y actores y que no suponga un elemento de rupturismo.   Por su parte, la consejera de Presidencia se ha congratulado por la elección de Campo, una persona «que sabe lo que hace y que tiene un equipo que está muy preparado». «Es un ministro consciente de que todos los pasos firmes se dan a través del consenso y la cooperación», ha enfatizado.   Campo también ha trasladado la inminente puesta en marcha del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya anunció en su comparecencia en febrero. Así, se atribuirá la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía y al igual que en el caso del Registro Civil se pondrá en marcha paulatinamente, intentando que salga adelante esta importante reforma legal con el mayor consenso.   La consejera de Presidencia ha apuntado que la reunión era “una primera toma de contacto protocolaria” en la que trasladar al ministro cuáles son las “inquietudes, prioridades y proyectos” del Gobierno de Aragón en materia de Justicia, y que coinciden con los expuestos por el propio ministro en su comparecencia de febrero en el Congreso.    El primero de estos objetivos, según ha trasladado Mayte Pérez, es “situar al ciudadano como elemento clave de todo lo que hagamos”, y más en concreto de “derribar ese muro que todavía existe de relación entre la ciudadanía y la Administración de Justicia, normalizar mucho más esa relación”. Esto, ha añadido la consejera, “pasa por incorporar la tecnología, modernizar el sistema, optimizar los servicios y generar sinergias que nos hagan más eficaces”.   El Expediente Judicial Electrónico
La consejera, acompañada por la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, también ha expuesto a Juan Carlos Campo la existencia en Aragón del Expediente Judicial Electrónico, que permite que todos los jueces, fiscales, funcionarios y operadores trabajen sobre un único procedimiento electrónico, permitiendo también que los ciudadanos puedan consultar directamente en formato online su procedimiento.   Otra de las cuestiones que se han tratado en la reunión es la necesidad de implantar sistemas alternativos de resolución de conflictos en la Administración de Justicia e impulsar la mediación. El ministro ha expresado su coincidencia con esta necesidad y ha anunciado una ley de mediación, de forma que esta herramienta se convierta en un requisito previo al procedimiento judicial.   Esta iniciativa legislativa supondrá un paso previo a la normativa que en su caso regule el Gobierno de Aragón a posteriori en esta materia. “Vamos a ser prudentes y a analizar hacia dónde va a ir esa ley para a continuación adaptarnos, de modo que no tengamos que modificar y rectificar después”, ha explicado Mayte Pérez.   En la reunión han estado presentes, además de la consejera y el ministro, la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, el subsecretario de Justicia del Ministerio, Miguel Bueno, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues.