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martes, agosto 16, 2022
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CSIF rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón porque no atiende las necesidades de los servicios públicos ni las carencias de las plantillas

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El sindicato reclama refuerzo de plantillas, medidas para acabar con la temporalidad en la Administración y para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón, por considerarlo inadecuado para atender las
necesidades de los servicios públicos y porque no resuelve con eficacia los problemas en materia de personal de nuestra Administración. CSIF ha expresado su rechazo contundente en las mesas de negociación, en las que no se ha atendido ninguna de sus propuestas.


CSIF no puede apoyar unos presupuestos que no van a solventar las necesidades de los ciudadanos aragoneses en materia de sanidad, educación, servicios asistenciales e
infraestructuras. Y son unos presupuestos que no reconocen el trabajo y la dedicación de los más de 50.000 empleados públicos aragoneses.


CSIF reclama al Gobierno de Aragón que las plantillas de los servicios públicos respondan a las necesidades reales y no a limitaciones legislativas arbitrarias. No queremos ver cómo los ciudadanos no pueden ser atendidos adecuadamente en nuestros servicios sociales, sanitarios, de empleo o a estudiantes. No pueden recibir la atención debida por falta de infraestructuras, en unos casos, o por falta de personal, en otros muchos. Estas carencias se han podido solventar parcialmente en los últimos meses únicamente por la profesionalidad y dedicación de los empleados públicos de nuestra administración.


CSIF rechaza este proyecto de ley porque limita la inversión en infraestructuras y servicios públicos, y no afronta con valentía la necesaria ampliación de las plantillas. Mientras, aprueba unos incrementos salariales para altos cargos y políticos establecidos de forma injustificada e insolidaria. Estos presupuestos no contemplan reivindicaciones básicas: como medidas que palien la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que en muchos casos supera un 20% en la última década; la existencia de ratios de personal muy por debajo de la media europea, y la alta tasa de temporalidad en la Administración aragonesa, que en algunos departamentos está por encima del 40%. No se ha atendido ninguna de las propuestas presentadas en este sentido por CSIF en el proceso negociador.

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