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El PP denuncia el fracaso del Ingreso Mínimo Vital en Aragón: «PSOE y Podemos lo agravaron al desmantelar el Ingreso Aragonés de Inserción»

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Los datos de 2022 demuestran que el Gobierno de Lambán, de la mano de Podemos, desmanteló la protección social de los aragoneses. Es la conclusión que extrae el Grupo Parlamentario Popular del análisis del informe anual elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Este informe, ha asegurado la portavoz adjunta del PP en las Cortes, Ana Marín, demuestra que el cacareado «escudo social de la izquierda» nunca existió. “Aragón contaba con su propia renta de inserción y la implementación del IMV hizo que hubiera que eliminarla porque era incompatible”, ha recordado Marín. “Después se estableció la prestación aragonesa para atender los casos que quedaban fuera del IMV y también para complementarlo” y la “gestión incapaz de las izquierdas” propició “el deterioro de las coberturas sociales” para los aragoneses en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno de la popular Luis Fernanda Rudi, con el IAI en vigor, llegó a atender al 19% de la población vulnerable, ha remarcado Marín: “La gestión de Sánchez y Lambán, con las cifras de 2022, muestran que no se llegaba apenas al 13,5% de los aragoneses”.

“Estos datos demuestran el desastre que ha sido el IMV”, ha afirmado la diputada popular, “y por eso el Estado se lo quiere quitar de encima, para que las CCAA asumamos su fracaso”. “La caída en picado del salario social en Aragón se produjo a partir de 2016 con el Gobierno de Lambán y no podemos achacarla sólo al IMV porque su aprobación fue posterior”, ha señalado.

En este escenario, en el que la complejidad del procedimiento y las enormes dificultades para cumplir los requisitos para acceder al IMV ya supusieron un problema desde el primer momento, la gestión de la prestación complementaria, la PACIMV, no cumplió con las expectativas: al liquidar «deprisa y corriendo» el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para adecuarlo a la renta básica nacional, el Gobierno de izquierdas cometió «una chapuza» cuyas consecuencias se desprenden de los datos del citado informe, que analiza la cobertura de las rentas mínimas de todas las CCAA entre los años 2011 y 2022.

Soluciones para mejorar la atención a los vulnerables

El PP ha lamentado la “ineficacia de la izquierda en la gestión de los servicios”, puesto que a pesar de contar “con más dinero que nunca y hacernos pagar más impuestos que nunca”, en palabras de la portavoz adjunta en las Cortes, sólo fueron capaces de hacer llegar la PACIMV a poco más de 80 familias y la prestación complementaria, a unos 3.800 aragoneses, según datos del tercer trimestre 2023.

“Desde la oposición de izquierdas están acusando al Gobierno de recortar las ayudas a familias vulnerables de forma infundada”, ha lamentado Marín, que ha animado a Podemos y PSOE a “digerir los datos que desmontan su gestión social y ponen en cuestión lo que hicieron con las rentas mínimas de inserción en Aragón”. “Deberían preocuparse más de las consecuencias negativas de su paso por el Gobierno y alegrarse de que a partir de ahora se vayan a solucionar los problemas que causaron”.

Con el cambio de ciclo en el Gobierno autonómico ya se están planteando medidas para revertir esa caída en la cobertura social de los aragoneses, como la incorporación por primera vez desde el ejercicio 2021 de la Prestación Complementaria a las Pensiones No Contributivas, que había desaparecido del presupuesto con el Gobierno progresista, y la revalorización de la PACIMV de 583 euros a 621 euros.

Tal y como recuerda Ana Marín, el Gobierno presidido por Jorge Azcón ha presupuestado en 2024 8 millones de euros para financiar la prestación aragonesa complementaria del IMV, con los que también se cubre a los perceptores que aún reciben el extinto Ingreso Aragonés de Inserción. Además, el IASS va a impulsar y consolidar la arquitectura de los salarios sociales con actuaciones para “mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital” y también “incrementar la efectividad de ese IMV a través de políticas de inclusión, dotadas con 15,5 millones de euros”, ha concluido.

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