El Gobierno de Aragón negociará para conseguir el reconocimiento de los trienios del personal investigador en formación (PIF) de la Universidad de Zaragoza. Así lo asegurado la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, tras reunirse vía online con los representantes del colectivo predoctoral. La responsable autonómica, que ha estado acompañada en el encuentro por el director general de Universidades, Ramón Guirado, ha avanzado que, si fuese necesario, se impulsará una modificación del decreto regulatorio del régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador para poder satisfacer esta demanda reiterada del PIF. Aragón se convertiría así en la primera Comunidad Autónoma en introducirlo en su normativa para dignificar sus condiciones de trabajo.
Díaz ha considerado “de justicia” que se reconozca el complemento de antigüedad a los predoctorales en el campus público, puesto que en la actualidad se trata del único colectivo de personal laboral temporal que no los percibe en la institución académica.
Desde 2019, la Universidad de Zaragoza sí lo abona a asociados y otros laborales no indefinidos, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya venido dictando a lo largo de numerosas sentencias el derecho del personal no indefinido de las administraciones públicas a no verse discriminado en sus condiciones de trabajo con respecto al personal fijo. Otras universidades, como la de Valencia, ya vienen aplicando este complemento desde hace tiempo, lo que genera también un agravio comparativo y ahonda en la discriminación de este colectivo.
“Apoyar al colectivo predoctoral aragonés dignificando en la medida de nuestras posibilidades sus condiciones es apostar por la retención de talento en nuestra tierra”, ha defendido la consejera, al tiempo que ha destacado el “capital trabajo que desempeñan para el futuro de la ciencia y la universidad en Aragón”. “Son la cantera de nuestro profesorado en la universidad pública y de nuestro personal investigador”, ha señalado.
Según los primeros cálculos, la medida afectaría a unos 80 contratos predoctorales del campus público y tendría un coste económico cercano a los 50.000 euros anuales. Una cantidad que el Ejecutivo autonómico incluirá en el reconocimiento de costes de personal y que se integrará en el contrato programa DGA-Universidad que se está ahora renegociando con la vista puesta en disponer de la nueva senda de financiación antes del verano.
