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Aragón exige diálogo al Ministerio sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

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El Gobierno de Aragón, representado por el Consejero de Vivienda Octavio López, ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que se respete la participación de las comunidades autónomas en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Durante la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, López expresó la necesidad de un diálogo más abierto y un respeto a las competencias autonómicas para alcanzar acuerdos efectivos.

El Consejero López criticó la falta de consulta previa por parte del Ministerio, que presentó un Proyecto de Real Decreto sin permitir la participación de las comunidades autónomas, que son las que gestionan las políticas de vivienda. López afirmó que el plan actual no aborda adecuadamente los problemas del sector y que se impone una ideología que no considera las necesidades reales de la población. En este sentido, subrayó que Aragón no puede respaldar el plan en su forma actual.

El nuevo proyecto contempla un aumento significativo en la inversión, alcanzando los 7.000 millones de euros, pero también reduce la aportación estatal del 75% al 60%, incrementando la carga para las comunidades autónomas. Además, establece condiciones que no han sido discutidas, como la necesidad de blindar el parque público de vivienda y crear un sistema único de datos. López cuestionó la falta de consenso y negociación en estos aspectos.

A pesar de las dificultades con el plan estatal, López aseguró que el Gobierno de Aragón está avanzando en su propio Plan Aragón Más Vivienda, que tiene como objetivo la creación de cerca de 5.000 viviendas públicas en esta legislatura. Más de 2.000 de estas viviendas ya están en marcha, con una inversión pública garantizada de 400 millones de euros. López destacó que la inversión en vivienda en Aragón es significativamente mayor que la del Estado, lo que refleja el compromiso de la comunidad autónoma con el desarrollo de políticas efectivas en este ámbito.

En la Conferencia, además, se firmó una declaración conjunta con otras diez comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, denunciando la falta de participación en la elaboración del borrador del nuevo plan estatal. Este documento, según los consejeros, afecta directamente a los presupuestos autonómicos y debe ser objeto de un análisis y discusión más profundos para alcanzar un consenso.

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